NEUQUÉN (AN)- La provincia de Neuquén rechazó un reclamo administrativo de la familia de Susana Ruminot, cuyo asesinato en 2002 está sin esclarecer. Para los parientes, este caso de impunidad se debe a que existió "una deficiente instrucción llevada a cabo por funcionarios policiales".
La provincia respondió que no le corresponde pagar por daños y perjuicios con dos argumentos, según consta en el decreto 1284/09 del 30 de julio pasado, al que accedió "Río Negro".
Primero, señala que los funcionarios policiales son auxiliares del juez y del fiscal, y que actuaron bajo sus órdenes. En consecuencia, el Poder Ejecutivo no puede pronunciarse por actos de los que fue responsable otro poder del Estado, y que tampoco puede destinar dinero de sus partidas presupuestarias para afrontar gastos que no les corresponde.
Segundo, el decreto recuerda que "nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que las sentencias y actos judiciales no pueden generar responsabilidad del Estado por sus actos lícitos, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política sino de actos que resuelven un conflicto en particular".
"Así, los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver una contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia", añade el decreto firmado por el gobernador Jorge Sapag y el ministro de Seguridad, César Pérez.
Susana Ruminot fue asesinada el 20 de junio de 2002 en su casa en Centenario.
Hubo dos juicios contra los presuntos autores (quien supuestamente encargó el crimen y quien lo ejecutó) pero en ambos fueron absueltos con fuertes cuestionamientos a la investigación policial y la irregularidad de algunos procedimientos.
