SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los cuestionamientos planteados por las organizaciones sociales a la "política de hábitat" enunciada por la gestión Cascón alcanzaron un límite que impone la revisión de las acciones trazadas y los criterios políticos aplicados hasta el momento para avanzar en la búsqueda de soluciones consensuadas o la ruptura de la estructura consultiva y la continuidad en soledad del Ejecutivo.
En la última reunión del Consejo Social de Tierras quedó expuesta la fuerte divergencia que existe entre la filosofía con que administra la emergencia el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (Imtvhs) y la política integral de hábitat que pretenden las organizaciones, molestas por el incumplimiento de la ordenanza que declaró el estado de excepción en materia habitacional.
Estas desinteligencias, que levaron el diálogo entre las partes al extremo de la confrontación, ya provocaron la primera baja: el alejamiento del representante de Villa Llanquihue, Sergio Aguerre, se retiró ofuscado por la falta de avance en los compromisos asumidos con esa antigua toma y con las organizaciones que integran el CST.
El pedido reiterado hasta el cansancio se resume en tres puntos básicos que, tanto el Ejecutivo como el Imtvhs, responden con evasivas: la definición de la demanda real de viviendas, el blanqueo del recurso tierra y el criterio aplicado para la selección de los beneficiarios.
El delegado local de Catastro provincial, Cristian Muller, focalizó las falencias operativas del primer año de la emergencia habitacional en el desconocimiento de la demanda real de viviendas que se intenta atender. "Mientras no tengamos un relevamiento total de la problemática social no sabremos qué parte del problema se está abordando, por lo tanto el manejo de esto sigue siendo bastante oscurantista porque las políticas que se aplican no sabemos en qué medida benefician a quién" explicó.
"Al no ver la película completa y no haber una planificación para cada uno de los tipos diferentes que hay en el mercado informal no puede haber una proyección seria de una política de hábitat" resumió.
El planteo está en línea con los cuestionamientos a los criterios que aplicó el Imtvhs para priorizar a determinados gremios, cooperativas y mutuales en el primer reparto de la escasa tierra disponible comprometido por el Ejecutivo. Las 41 hectáreas de Dos Valles -sujetas a aprobación- fueron prometidas a una docena de cooperativas y mutuales mientras que las 35 adquiridas a Lera serán repartidas entre un par de cooperativas, el Soyem, la Unter y los demandantes que ya se inscribieron en el registro.
Los directivos del Instituto intentaron contrarrestar las quejas con la enumeración de los trabajos realizados. Algunos, sin dudas, sobresalientes, como la adquisición de las 35 has. de González Lera, cuya inscripción en el Catastro Provincial se inició la semana pasada. Zamora deslizó que el municipio sigue dialogando con Lera para evaluar la aptitud de las tierras que tiene dentro del ejido con la intención de adquirir nuevas parcelas cercanas a la circunvalación mediante el canje de otros inmuebles que el municipio tiene en el oeste de la ciudad.
El funcionario reiteró que todos los inmuebles disponibles en el banco de tierras del municipio no son aptos para urbanizaciones por sus condiciones ambientales o la dimensión de las parcelas, pero que por su valor son atractivos para ofrecerlos en canje y negociar tierras aptas en otros sectores de la ciudad.
Las organizaciones volvieron a poner a disposición toda su capacidad de trabajo pero exigieron al Instituto que blanquee la información requerida y abra el juego. El tono de la reunión y los límites del entendimiento alcanzado deja escaso margen para una nueva divergencia en la definición de las políticas de hábitat.
