Domingo 16 de Agosto de 2009 Edicion impresa pag. 32 > Policiales y Judiciales
Responsables de un laboratorio, a juicio por estafa

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Primera del Crimen tratará en juicio abreviado una causa por presunta estafa contra dos profesionales de Bariloche, quienes ya habían sido beneficiados con una "probation" en un hecho similar, del que fueron luego sobreseídos por extinción de la acción penal porque los jueces dieron por cumplidas las pautas que oportunamente les habían impuesto.

Los imputados son Laurent Latif Desavoye, un ingeniero francés de 47 años, y la bioquímica Andrea Roxana Neri, su esposa, de 40. La causa que los involucra se inició el 9 de junio de 2003, cuando una neonatóloga del Hospital Privado Regional le indicó a Natalia Lamota la necesidad de realizar a su hijo recién nacido los estudios para detectar y prevenir tempranamente enfermedades neurometabólicas. La mujer inició los análisis a su hijo en el laboratorio que funcionaba en la misma clínica (a cargo de los procesados) quienes debían enviar las muestras a un laboratorio especializado de Buenos Aires. Pero semanas después, la denunciante, que había pagado los estudios, supo que desde el laboratorio "Lands" no habían enviado la muestra, cometiendo así la defraudación.

El fiscal de Cámara Carlos López realizó una propuesta de juicio abreviado, manteniendo la calificación de "estafa" y proponiendo una pena de dos años de prisión en suspenso para ambos, con la inhabilitación para ejercer su profesión por el término de dos años y pautas especiales de conducta.

El abogado Martín Domínguez, en defensa del matrimonio, anticipó que aceptará la pena propuesta por el fiscal, pero solicitó que reduzcan a la mitad la inhabilitación para Neri y a nueve meses la de Desavoye, atendiendo a que con su trabajo de ingeniero es sostén de sus tres hijos y nunca utilizó su título en el marco de la causa que se investiga.

En la causa anterior, para suspender el juicio y luego ser sobreseídos los obligaron a indemnizar con $ 4.500 a la denunciante y a cumplir pautas de conducta, pero en esta ocasión la ofendida no habría aceptado una reparación pecuniaria para retirar la denuncia.

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