Los superpoderes para la presidenta Cristina Fernández, aprobados en la medianoche del miércoles en Diputados, fueron posibles con dos votos del oficialismo rionegrino: uno del radical K Hugo Cuevas y otro del gremialista Juan Carlos Scalesi.

El gobernador Miguel Saiz participó en ambas decisiones. En el caso de Cuevas, el esfuerzo incluyó el pago de un vuelo privado entre Roca y Buenos Aires para asegurarse que el diputado arribe a tiempo a la sesión. El servicio tendría un costo de 20 mil pesos, según estimaron fuentes aeronáuticas.

De esta manera, el gobierno rionegrino reiteró su fidelidad a la administración kirchnerista. El secretario General, Oscar Parrilli se encargó de pedirle a Saiz los votos de Scalesi y Cuevas ante la estrechez de los respaldos.

El gremialista acompañó esa prórroga por un año de las facultades legislativas al Poder Ejecutivo, que incluyen, entre otras, las alícuotas por derecho de exportación o retenciones. Scalesi -que también es el secretario general de UPCN Río Negro- aceptó las peticiones del gobernador y de su secretario General, Francisco González. El líder sindical cumplió y apoyó el proyecto, a pesar de sus persistentes cuestionamientos al estilo y políticas del gobierno kirchnerismo.

Cuevas directamente reapareció para votar a favor de los K. Su gestión legislativa casi es inexistente pero el mandatario provincial sabe que cuenta con él cuando lo necesita. El diputado estaba recluido en su domicilio roquense y no pensaba ir a la sesión.

El acompañamiento al kirchnerismo requería de todas las energías rionegrinas. Saiz -con la operatividad de González- ordenó que un avión privado fuera a Roca para trasladar rápidamente a Cuevas a Buenos Aires.

El vuelo fue confirmado a este diario por fuentes del oficialismo y otras del ambiente aeronáutico roquense, quienes agregaron que habría sido un Learjet el que despegó el miércoles, alrededor de las 17:30, desde el "Arturo Illia".

"Río Negro" intentó dialogar con el diputado, pero en ninguno de los reiterados llamados realizados ayer a su casa en Roca y a su celular fue posible ubicarlo.

El gobierno provincial argumenta necesidades financieras para semejante obediencia política. Ahora, la urgencia se concentra en la continuidad del pago de los salarios, puntualmente los compromisos pendientes de la primera cuota del aguinaldo.

Unos 12.000 agentes públicos aún no cobraron los SAC. Son quienes perciben más de 1.450 pesos ya que hasta esas liquidaciones ya recibieron esos haberes. Esos compromisos pendientes rondan los 28 millones de pesos.

Además de Saiz, el ministro Pablo Verani llegó el miércoles a Capital Federal para profundizar las gestiones financieras. Hacienda prevé continuar esta semana con cancelaciones, sin descartarse que los tramos superiores queden para setiembre.

Superado Diputados, la gestión K requiere ahora de votos en el Senado. Ahí, Saiz está limitado frente a la posición crítica del senador Pablo Verani. Nada le ha dicho pero, en estos casos, el gobernador siempre recuerda entre los suyos aquella maniobra desplegada por Verani en mayo del 2002 en favor del gobierno del presidente Eduardo Duhalde, en referencia a cuando logró el retiro de la senadora Amanda Isidori que permitió la derogación de la ley subversión económica.