BUENOS AIRES (ABA).- Con sorpresa y preocupación... Así tomó el juez de la quiebra de la ex Cerámica Zanon, Rafael Barreiro, la ley aprobada por la abrumadora mayoría de la legislatura neuquina determinando la expropiación de esa empresa; precedida por la decisión del gobernador, Jorge Sapag.

"¡¿Pero no se contempla la situación de los ex trabajadores!?", se preguntó dicho magistrado en medio de volutas del humo desprendido por un cigarrillo y una pipa, mientras dialogaba con los diputados provinciales Marcelo Inaudi y Ariel Kogan.

En ese momento, Barreiro conoció el entonces proyecto de expropiación que se sancionaría dos días después.

Con Inaudi el magistrado mantuvo dos encuentros y le confió su incredulidad acerca de que no estuvieran contemplados en la iniciativa legal los ex empleados.

De todos modos, una alta fuente del juzgado Nacional en lo Comercial 18 aseguró que ello no quiere decir que su titular vaya a intervenir de oficio. "De ningún modo, se trata de poderes independientes; el juez solo intervendría si algún afectado promueve un recurso de inconstitucionalidad, el cual podría llegar hasta la Corte Suprema".

Incluso la misma fuente mencionó un recurso en ese sentido promovido por un afectado en otro caso de expropiación que aún no se definió.

Es más, probablemente Barreiro tenga que declinar su competencia ante un planteo de inconstitucionalidad (por afectar el "derecho de propiedad" de ex dependientes de la cerámica o acreedores no contemplados en la norma), por lo que la cuestión pasaría a otro juez, un Tribunal de Alzada y eventualmente al Máximo Tribunal.

Detalles

En cuanto a la situación de la quiebra, Barreiro detalló que la cooperativa Fasinpat estaba pagando de alquiler un canon de 40.000 pesos mensuales con lo cual la quiebra se nutría de casi medio millón de pesos por año para pagar los gastos del proceso y repartir el dinero entre los ex dependientes que en su momento optaron por reclamar la indemnización.

La intervención del gobierno vendría entonces de alguna manera a vaciar gran parte del activo de la quiebra.

En ese caso el interrogante es si la administración provincial se va a hacer cargo de todas las erogaciones y, en tal caso, si podrá.

Para Inaudi se trató de una "desprolijidad" no haberle dado al menos intervención, o consultado al magistrado de la quiebra.

Cauto, el juez declinó hacer comentarios y al ser consultado por este medio una vez aprobada la ley de expropiación se negó a realizar comentarios. "La Corte Suprema no lo autoriza" mandó a decir a su secretaria.

La prudencia rige los pasos de Barreiro, y uno de sus pares en el fuero comercial le confió a este cronista que es un secreto a voces que está a la espera de un nombramiento de camarista. "Son cuestiones políticas complicadas, una papa caliente para los jueces", sintetizó el confidente.

Parte de las deudas

En el caso de la expropiación de Zanon, los aportes del gobierno sí cubrirán parte de la deuda con el Banco Mundial y la cooperativa italiana Sacmi (que le vendió las máquinas) quienes dieron la conformidad como cobrando la totalidad.

En la conversación entre Barreiro e Inaudi surgió la comparación de la expropiación en cuestión con la de la fábrica Motta (también de Zanon) de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la que también se expropió pero haciendo una cesión de créditos con facilidades y a tasas preferenciales, no dejando a los nuevos dueños sin compromisos a cumplir.

Esta cuestión tiene importancia dado que existen reclamos de los actuales propietarios acerca de que el gobierno de Sapag se haga en adelante, en caso de dificultades, cargo de sueldos y máquinas.

"Son 600.000 pesos de gas y luz, dos millones y medio en sueldos sin contar la producción, es como ser empleados públicos con ingresos garantizados", consideró Inaudi quien en la legislatura se opuso a la norma de expropiación tal como quedó redactada por entender que castiga a quienes actuaron siguiendo los pasos legales, verificando los créditos y pidiendo la indemnización; mientras premia a los que se atrincheraron en fábricas y castiga a los obreros.

Hace varios años el Congreso Nacional contempló la continuidad de empresas ocupadas como reconocimiento de una realidad de que una empresa en funcionamiento, por la que se paga un canon en beneficio de los acreedores, tiene mucho más valor que una desguazada.

Pero lo que genera dudas en el ámbito judicial es que se le quite a la quiebra un activo como es el abono de ese canon.

Según la cruda descripción de Inaudi los ceramistas "pasaron de ser obreros con patrones, a convertirse en patrones sin riesgo".