El tribunal que lleva adelante el juicio por la tragedia de Cromañón, condenó en 2007 a un ex jefe de bomberos y a un empresario a penas de hasta cuatro años de prisión por haber recibido y pagado coimas para habilitar 16 locales bailables, una causa iniciada tras el incendio en el boliche de Once. 

En esa ocasión, las penas recayeron sobre el jefe de Bomberos al momento del siniestro, el comisario Alberto Corbellini; el oficial principal Marcelo Nodar y el empresario Rubén Fuertes. Lo más llamativo fue que los jueces aplicaron penas más duras que las pedidas por la fiscalía.

Además, ordenaron que la condena a Corbellini fuera de cumplimiento efectivo, pero nunca resultó preso porque el fallo fue confirmado por la Cámara de Casación Penal, pero falta resolver un recurso extraordinario presentado por su defensa ante la Corte Suprema, explicó a Télam el abogado José Iglesias.

Los jueces condenaron a Corbellini a 4 años de cárcel, al empresario Luis Perucca a 2 años y 9 meses en suspenso y al oficial principal de bomberos Marcelo Esmok a 2 años y 6 meses en suspenso.

También, dispusieron que realicen trabajos sociales gratuitos seis horas al mes en la sede de Cáritas más próxima a su domicilio y en el que caso de los bomberos fueron inhabilitados en forma permanente para ejercer cargos públicos.

Los magistrados aplicaron una pena más dura que la solicitada por el fiscal Jorge López Lecube, quien había pedido tres años para Corbellini. Esta causa se inició a partir de un careo que tuvieron en el expediente por la tragedia en Cromañón el defensor del Pueblo adjunto, Atilio Alimena, y la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin.

Según se determinó, Perucca era dueño de dos empresas que realizaban trabajos de asesoramiento sobre productos ignífugos e infraestructura que permitieran habilitar locales nocturnos y aparentemente pagaban coimas para acelerar los trámites.

Cuando el dueño de un boliche se contactaba con los bomberos para obtener una habilitación, éstos terminaban derivándolo a alguna de estas firmas, con lo que tenían prácticamente garantizada la aprobación para poder funcionar.

Cuando declaró en el juicio, Corbellini negó haber recibido coimas por parte de los empresarios o haber firmado certificados falsos y sostuvo que la aprobación para el funcionamiento de esos locales le correspondía al Gobierno porteño.

Sin embargo, los jueces dieron por acreditado que los condenados cometieron cohecho en los casos de conocidos locales nocturnos como Roxy, Coyote, Pizza Banana y Latin One, tal como habría ocurrido en Cromañón.

Télam