NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial hará frente a la expropiación de 336 hectáreas para entregarlas a productores que desde hace ocho años ocupaban las tierras. Aún no se sabe el costo, pero sí que será trasladado a los ocupantes para que la cesión no sea sin costo. También se impuso un cerrojo al destino que tendrán las tierras, que por 15 años no podrán ser transferidas ni utilizadas para otro fin que no sea el productivo.
También se aprobó en particular la ley que declaró la utilidad pública de las instalaciones y las maquinarias de la ex cerámica Zanon, un trámite que se había definido el día anterior, con la votación en general (ver aparte).
Fue casi unánime la decisión de habilitar las herramientas para que el gobernador Jorge Sapag inicie los trámites de expropiación de las tierras de Senillosa. Sólo el legislador de Opción Federal, Horacio Rachid, se opuso, en defensa de la sociedad anónima que desde la década del 70 figura como propietaria. También hizo salvedades Yenny Fonfach, desde la UCR, e incluso se pasó a un cuarto intermedio para consultar respecto de una versión que indicaba que días atrás se había notificado una medida cautelar que hubiese dificultado el proceso de expropiación. Finalmente se confirmó que los únicos escritos advirtiendo sobre eventuales demandas contra la provincia fueron de parte del propietario, Carpostas SA, por lo que por mayoría, diputados de todos los bloques aprobaron la ley.
Al igual que con la expropiación de Zanon, correrá por cuenta del Poder Ejecutivo definir los próximos pasos. No se oficializó un precio por hectárea, aunque el gobierno, cuando se iniciaron las negociaciones para intentar adquirir las tierras con la conformidad del propietario, estaba dispuesto a pagar hasta 2.500 pesos. Las expectativas de la sociedad anónima eran otras: con un mínimo por hectárea de entre 10 mil y 13 mil pesos, según confirmó semanas atrás su abogado, Luis Arellano.
Desde que se inició la ocupación hasta la decisión que se tomó ayer, quedaron en medio una serie de irregularidades. Según consta en la demanda que pesa sobre los ocupantes, el ex intendente de la localidad Sergio Farías, instó a que se tomaran las tierras. Incluso entregó tenencias precarias. Ese fue el argumento que utilizó ayer la diputada Soledad Martínez (Frente Grande) para respaldar "la buena fe" de los productores, a los que el Ejecutivo les cederá, en parcelas de hasta tres hectáreas, la tierras.
El precio final lo pondrá el Ministerio de Desarrollo Territorial, a partir de las valuaciones que realizará el Copade en conjunto con técnicos de la Universidad Nacional del Comahue. De mantenerse la estimación original, rondaría el millón de pesos.
