SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los concejales y las organizaciones que integran la Mesa de la Tierra coincidieron en la inconsistencia de la política habitacional del intendente Marcelo Cascón con fuertes críticas al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social.

A un año de la sanción de la emergencia habitacional -cuya vigencia venció a fin de julio- las organizaciones sociales pidieron que la prórroga contenga pautas más concretas y plazos de ejecución. En esa línea el edil Darío Duch (ARI) sugirió un sistema de sanciones para los eventuales incumplimientos de los funcionarios responsables de ejecutarlas.

Durante la reunión de comisión Legislativa realizada ayer, la Mesa observó que no existe una planificación de las políticas de hábitat, no hay un diagnóstico cierto sobre la necesidad real de viviendas, no se completó los relevamientos de tierras fiscales y privadas disponibles ni se expuso el criterio de selección utilizado para la distribución de las soluciones que está gestionando.

La mayoría de los concejales, incluida la oficialista Laura Alvez, cuestionó el incumplimiento del relevamiento de tierras municipales, provinciales y nacionales encomendado al IMTVHS y el Ejecutivo en el marco de la emergencia. "Se pasó un año y no tenemos política habitacional", se quejó el edil Hugo Cejas (SUR).

Las objeciones más contundentes recayeron sobre el directorio del IMTVHS, gran ausente del encuentro. Sebastián Terrero (Fundación Norte Sur) sintetizó el descontento de la Mesa con la conducción del organismo al que describió irónicamente como "un F-1 manejado por un manco".

El dirigente sostuvo que "con el instituto tenemos desacuerdos ideológicos de fondo" y señaló como un desatino la exclusión de los ocupantes en el registro de demandantes y los relevamientos que realiza el organismo porque no permite un diagnóstico real del problema de hábitat.

Por su parte, Duch consideró que "debería caber la renuncia del directorio" mientras que otros cuestionaron los altos sueldos que se pagan a funcionarios poco idóneos.

La crítica fue compartida por una integrante de la cooperativa de Viviendas del INTA, Sonia García, quien relató la mala atención del organismo.

Las ONG que mantuvieron un duro cruce con el mandatario por la actitud del municipio ante la última toma aclararon que las soluciones pasan por "trabajar con una política de hábitat real" .

El acta intención suscripta por el municipio con cooperativas, mutuales y consorcios para destinar la reserva fiscal que cederá el emprendimiento inmobiliario Dos Valles al Banco de Tierras a la atención de las 417 familias que las integran fue señalado como un elemento de presión para condicionar la futura aprobación del Deliberante.