El secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, deberá declarar como sospechoso de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa que investiga si benefició a empresas "amigas" en el reparto de la publicidad oficial.

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid convocó a Albistur para interrogarlo el próximo 2 de setiembre por un delito que contempla penas de hasta seis años de prisión, en el marco de una pesquisa que promovió en su contra el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, según informaron fuentes judiciales.

Enterados de la citación judicial, desde el Gobierno optaron por aguardar el regreso al país de la presidenta Cristina Fernández, para saber si corría peligro o no el futuro del funcionario en la gestión kirchnerista.

Es que hasta ahora el oficialismo había puesto siempre a las declaraciones indagatorias como límite para la continuidad de los funcionarios, tal como ocurrió con la ex ministra de Economía Felisa Micelli y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Fue en 2008 cuando el entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido denunció que entre 2004 y 2007 Albistur entregó alrededor de 10 millones de pesos de pauta oficial a empresas vinculadas con su familia o sus funcionarios.

Garrido había acusado a Albistur, secretario de Medios desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, de distribuir pautas a nueve empresas "socias" o "amigas" que habrían sido beneficiadas por el otorgamiento de publicidad oficial en vía pública por un total de 9.826.070 pesos.

"No tengo nada que ocultar", había dicho en su momento Albistur, tras asegurar que era una "denuncia basada en falsedades" y "una clara maniobra para instalar un tema mediático".

En ese dictamen, Garrido sostuvo que "el interés particular del secretario de Medios estuvo orientado, en algunas oportunidades, a beneficiarse directamente y, en otros casos, a beneficiar a terceros" distribuyendo "los recursos del Estado a empresas de las que había formado parte".Para Garrido no podía descartarse que esas maniobras encubrieran delitos como "cohecho, asociación ilícita y/o administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública".

No obstante, el fiscal federal Oscar Amirante analizó la denuncia y promovió la pesquisa ante el juez Aráoz de Lamadrid, que ahora, tras un año y medio de análisis de la documentación, convocó a Albistur bajo la figura de negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que contempla una pena de entre uno y seis años de cárcel.

Contra Albistur y su familia también se promovió una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que se adjuntó a la causa.

En ese marco, se pidieron sobre Albistur datos de los registros de propiedad inmueble, automotor, de buques y aeronaves; las declaraciones juradas que hizo ante la Oficina Anticorrupción y los informes a la AFIP, al Banco Central y a la Inspección General de Justicia (IGJ). (DyN)