Nos acercamos a horas decisivas para la resolución del conflicto de la cerámica Zanon. En estos momentos, una ley provincial puede definir la expropiación por utilidad pública de una planta industrial de considerable magnitud, para ser cedida a la cooperativa de trabajo Fasinpat.

Advirtamos que el conflicto se desencadenó hacia finales del 2001, cuando la empresa Zanon se presentó en concurso de acreedores, evidenciando además un atraso general en sus obligaciones salariales y un duro conflicto gremial. La Justicia neuquina determinó la suspensión ofensiva de la actividad de Zanon SA (lockout) y el embargo de mercaderías para asegurar el cobro de sueldos adeudados. A partir de allí se aceleró la toma y gestión obrera de la fábrica por parte de un sector importante de sus operarios, aunque otros no identificados con la metodología de acción no se integraron al proyecto.

Decenas de empresas insolventes del país a partir del 2001 continuaron sus actividades por gestión de sus trabajadores, sea porque adquirieron en el proceso de quiebra la empresa o por leyes especiales de expropiación. Zanon SA, a través de sus accionistas, atravesó el concurso de acreedores sin arribar a un acuerdo con ellos y luego quebró. Durante esas etapas la empresa tomada por sus trabajadores continuó operando como cooperativa Fasinpat, desplegando una fuerte campaña de lucha política, desarrollando la actividad empresaria a través del incremento de la producción y el empleo, y litigando en el expediente de la quiebra en la búsqueda de seguridad jurídica para mantener la posesión de la fábrica.

La ley de Concursos y Quiebras argentina introdujo en el 2002 la posibilidad de que una firma quebrada continuara funcionando a través de una cooperativa de trabajo integrada por sus dependientes. Inmediatamente sancionada la ley, opiné en el diario "La Ley" y en otros sitios especializados respecto de las limitaciones y quimeras que evidenciaba esa figura legal. Pero, a través de esta reforma, la cooperativa Fasinpat continuó estos últimos años la explotación, autorizada por el juez de la quiebra de la ex Zanon SA.

Cierto es que las peticiones de la cooperativa al poder político de Neuquén han sido permanentes y a veces de una presión exagerada; también es cierto que prácticamente desde el inicio de sus actividades ha realizado aportes de cerámicos a diversos emprendimientos sociales en marcha. El gobierno provincial anterior jamás hubiera asumido abordar el tema que hoy se debate, en orden a su tendencia ideológica claramente contraria a soluciones que impliquen la autogestión por parte de los trabajadores. El actual, por formas o necesidad, ha debido enfrentar el problema adoptando una decisión política que luego de muchas idas y vueltas de carácter técnico se materializó en un proyecto de ley de expropiación. Es decir, el Estado provincial pagará una suma de $ 23.000.000 -que adelantamos no será la definitiva- para afrontar una especie de compra por utilidad pública de la fábrica para cederla a la cooperativa de trabajo.

Fasinpat -fábrica sin patrones- pretende su estatización, es decir la propiedad de la misma por parte del Estado provincial sin pago de suma alguna a la quiebra de Zanon SA. La pretensión es imposible en el actual marco jurídico de nuestro país, no por la estatización sino que, simplemente, repudiar derechos regularmente reconocidos en un tribunal de Justicia no encuentra fundamento legal alguno en nuestra Constitución.

Y es entendible la idea de la cooperativa, en tanto Fasinpat está alentada por una línea político-ideológica que pretende otro modelo de país, pero que choca con las estructuras políticas y legales hoy aceptadas por las mayorías. En tanto este esquema de organización política se mantenga, los límites para el ensayo de proyectos políticos alternativos son limitados.

Por estas horas se han generado debates en la Legislatura propios de las diferencias ideológicas entre sectores, en algún caso, y en otros por intereses personales que mutan en orden a las circunstancias. Sí me parece totalmente desacertado afirmar que la aprobación del proyecto estimula la lucha de clases, en tanto la tensión entre clases sociales ha sido la génesis del nacimiento no sólo del capitalismo sino también de las grandes civilizaciones de nuestra historia universal. La lucha entre clases sociales no será suprimida por pretender la regularización de una situación jurídica y que de hecho no puede continuar in eternum como la de Zanon, ni incitando a la provocación en medio del debate, sino a través del desarrollo económico sostenido que aliente la nivelación social y la distribución de los recursos al conjunto de los argentinos.

Lo que debe quedar claro para Fasinpat es que el Estado provincial ha colaborado con subsidios diversos para incentivar la continuidad del emprendimiento -algunos desconocidos por la mayoría de los ciudadanos- y que, en la actual coyuntura de estrechez económica, el esfuerzo sobre el presupuesto provincial es por de más voluntarioso. El gobernador ha dicho incluso "que habrá que ver de dónde sale el dinero para expropiar Zanon", lo cual implica prácticamente un salto al vacío en orden a los recursos presupuestarios para atender la expropiación. Quien paga en estas circunstancias es el pueblo todo de la provincia -la mayoría pobres- y no hay posibilidad de pedir más de lo que se puede dar en la coyuntura.

La preocupación de la cooperativa en orden a que luego de la sanción de la ley pueda no llevarse adelante la misma -mediante el pago y conclusión del procedimiento en la quiebra- es válida, por lo que deberían presionar más para lograr que se asignen las partidas presupuestarias hacia su destino, que por pretender una estatización que no resultará viable.

Y ya que el Estado provincial resigna sus créditos otorgados y reconocidos en la quiebra de Zanon SA y además aporta la fábrica a la cooperativa, debería instrumentarse un mecanismo de devolución de esos recursos, necesarios para solventar la marginación creciente de la provincia, mediante la entrega de mercaderías a largo plazo para destinarlas a la obra pública provincial.

La validación de todo proyecto político requiere necesariamente la prédica sostenida en el ejemplo e intentar entender las necesidades y pareceres de la mayoría , y no sólo las propias, ya que si bien puede descreerse de la legalidad imperante, la legitimidad siempre atraviesa los tiempos.

DARÍO TROPEANO

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado.

Docente UNC-Económicas en Concurso y Quiebras y en el Posgrado de Sindicatura Concursal UNC.