SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La delegación local del IPPV denunció ante la Justicia la usurpación de una vivienda del barrio Covitur, en el este del casco urbano, cuya titular falleció; hecho que se suma a decenas de ocupaciones y alquileres irregulares en unidades adjudicadas por el organismo.
La información fue confirmada ayer a "Río Negro" por el director de Viviendas, a cargo de la delegación, Carlos Cañiu, quien aclaró que se trata de "un caso puntual". El funcionario reconoció que "son muchas" las irregularidades detectadas en las más de 3.200 casas construidas y adjudicadas por la provincia en esta ciudad y que la regularización avanza lentamente por falta de personal para hacer las visitas y cobrar las cuotas a los morosos.
En la actualidad el margen de recupero oscila entre el 40 y el 45 % de los adjudicatarios y si bien existió una mejoría sigue siendo mayoritario el número de beneficiarios de viviendas sociales que no pagan cuotas que oscilan entre los $50 y los $300 por mes.
La oficina local cuenta con una única asistente social que lleva casi un año de licencia, tres técnicos responsables de inspeccionar las obras, dos empleados administrativos y un abogado. El asesor legal, Juan Pablo Alvarez Guerrero, estimo que en el último año se produjeron "aproximadamente unas 40 desadjudicaciones" por falta de ocupación -criterio que abarca tanto el alquiler como el abandono de las unidades- y que se libraron cientos de intimaciones que en la mayoría de los casos fueron resueltas negociando con los titulares. El letrado también admitió que "el 95 por ciento de las situaciones irregulares las detectamos por que los vecinos denuncian y no porque el IPPV tenga gente caminando los barrios".
En junio de 2008, tras la toma de las 120 Viviendas, el IPPV comprometió un relevamiento de las casas existentes para corregir los abusos denunciados desde distintos sectores, recuperar las unidades que no cumplían con la función social original y adjudicarlas a las muchas familias inscriptas en los listados oficiales. Pese a las limitaciones de su equipo de trabajo, Cañiú aspira a "tener los números (del relevamiento) definidos para fin de año".
El funcionario señaló que la irregularidad más difundida es el alquiler de las viviendas sociales a valores del mercado local, con rentas que rondan los $1.000 aún en los barrios más alejados, por parte de los titulares que en la mayoría de los casos no pagan la cuota al organismo.
"En estos casos con (la dirección de) Acción Social de Viedma se resolvió desadjudicar las unidades, desalojar a los ocupantes y darle prioridad a la gente que esta anotada" explicó el funcionario. Muchas de estas viviendas se ofrecen a través de inmobiliarias y revistas de clasificados, que sirven como base de rastreo dentro del lento trámite de regularización.
En los últimos meses la delegación del IPPV comenzó a cruzar información con el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para dejar asentados los casos resueltos y evitar la superposición de esfuerzos. Esta tarea quedaría consolidada a través del convenio que suscribirán ambos organismos para unificar los registros de demanda de ambos organismos a fin de lograr un seguimiento más eficiente de las necesidades de vivienda.
