SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Martín Lozada procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los responsables del Hogar Convivir y a la delegación local de Promoción Familiar de Bariloche a raíz de la investigación iniciada tras la supuesta fuga de un menor de edad imputado por un intento de homicidio, quien estaba alojado en ese instituto.
La falsa fuga tuvo lugar el pasado 7 de abril, en horas del mediodía. El adolescente habría salido por la puerta principal del establecimiento, con el permiso de sus tutores, pese a que estaba detenido por el robo a un comercio en el que habría intentado matar a la víctima. El juez había ordenado custodia y tratamiento especial durante su internación.
Lozada entendió que la delegada de Promoción Familiar, Marta Viña; el director del Convivir, José Funes, y la jefa de operadores del instituto de menores facilitaron la fuga del menor de edad e incurrieron en incumplimiento de sus deberes.
La investigación reúne indicios y elementos de prueba que desacreditan la versión de la fuga real, alegada por los responsables de la institución, y señalan que al joven se le habría "permitido abandonar el lugar" en contra de la disposición de la justicia.
En el marco de esta causa, Lozada allanó las dependencia locales del ministerio de Familia donde está la delegación y secuestró el libro de movimiento diario y otra documentación, al tiempo que solicitó un informa a la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) que le permitió reconstruir los llamados telefónicos y los movimientos realizados la jornada de la falsa fuga.
El magistrado dedujo que el menor habría sido "estimulado, inducido y ayudado materialmente" a dejar las instalaciones del Convivir por la jefa de operadores y que los responsables locales de Promoción Familiar estaban en conocimiento de lo ocurrido, pero no radicaron ninguna denuncia penal, "ocultando la producción del hecho".
Lozada también tiene a su cargo la investigación de otros incidentes ocurridos en el Hogar Convivir, a fines de junio, que dan cuenta de la "ingobernabilidad" de la institución, marcada por las repetidas fugas, lesionados y otros episodios violentos, pese a la reducida cantidad de jóvenes alojados en el lugar.
La fuga más resonante tuvo lugar el 12 de marzo de 2006, cuando los únicos cuatro internos de la "casita 17" huyeron por la ventana posterior del edificio, luego de discutir con el director del instituto. El episodio aceleró el cierre de ese centro creado para la rehabilitación de menores en conflicto con la ley penal, que funcionaba en un departamento del IPPV del barrio Ayelen. En esa oportunidad, las autoridades de la delegación reconocieron a este diario que el conflicto se había desatado por la presencia de estimulantes ingresados por los menores de edad internados en el lugar.
