El 28 de junio pasado el electorado votó en contra del Gobierno por sus malos modales y su escasa inclinación al diálogo, pero no rechazó el modelo económico estatista que se viene implementando desde 2003. La tendencia es preocupante porque el estado argentino ha pasado a ser el principal grupo económico concentrado de la economía y dispone de un enorme poder de mercado que debería limitarse.

 Según una  encuesta de Carlos Fara & Asociados, realizada en el Gran Buenos 
Aires a mediados de junio, 65% de los respondientes aprobaba la estatización de Aerolíneas Argentinas y 55% la de las AFJP. Las empresas estatales suelen ser cuestionadas (con razón) por su falta 
de eficiencia, pero generalmente se pasa por alto que el mayor problema que plantean es otro: el de conducir a una economía politizada o dirigista, es decir una situación en la cual las 
decisiones sobre qué producir, cuánto y para quién, no son tomadas por el mercado sino por el gobierno de turno.

En el mercado libre, la gente compra donde es más barato e invierte donde la rentabilidad es 
mayor, premiando con beneficios a los productores más eficientes y castigando con pérdidas a los que no lo son. Esto permite asignar eficientemente los recursos escasos, incrementando la productividad 
de la economía y con ello la calidad de vida de las personas. Pero cuando es el gobierno el que determina cómo asignar los recursos, la administración ineficiente no se castiga con pérdidas y los individuos se concentran, no en obtener ganancias brindando bienes o servicios a otros, sino en cultivar contactos políticos que les garanticen contratos, subsidios o empleos.

 Una economía dirigida puede surgir de dos maneras, que no necesariamente se excluyen entre sí. La primera se da cuando el Estado usa su poder regulatorio de forma abusiva, forzando a las empresas privadas a comportarse de forma políticamente beneficiosa, pero económicamente ineficiente, por ejemplo, prohibiendo despidos, fijando precios, limitando severamente el comercio exterior, etc. como hacen, junto a intimidaciones y  presiones, la Secretaría de Comercio Interior y la ONCCA.

 La segunda forma de caer en el dirigismo consiste en que el Estado sea dueño de numerosas empresas y que éstas sean administradas según criterios políticos: por ejemplo, usándolas para "disminuir" el desempleo, para vender determinados bienes a pérdida, para discriminar a los consumidores de acuerdo con criterios políticos, etc.

En ese sentido, se anotan las estatizaciones de Aerolíneas, Massuh y Mahle, pero sobre todo la de las AFJP, que puso en manos de un organismo politizado como la ANSeS las acciones de 44 compañías que cotizan en  Bolsa. Ello otorga al Gobierno la posibilidad de presionarlas para que se comporten de acuerdo con criterios políticos, como ya hizo con  Aerolíneas en el pasado, cuando era administrada por privados. El  mejor seguro contra el dirigismo consiste en privatizar las empresas públicas y limitar severamente los poderes regulatorios del Estado. 

 Pero cuando, como sucede en la Argentina, ello no es políticamente  viable en el corto plazo, lo mejor que se puede hacer es  desconcentrar el poder del Estado, evitando que se comporte como un  actor unitario que determine los incentivos de la economía como un  todo.

Para ir por ese camino es necesario afirmar la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sobre todo garantizar la autonomía de los entes estatales nominalmente  autónomos: si hoy el Ejecutivo tiene demasiado poder, ello se debe no solamente a que los Decretos de Necesidad y Urgencia que emite, no controlados por el Congreso, sino también a que la ANSeS, la ONCCA,  la AFIP y las empresas estatales que no se administran de manera independiente, sino que están bajo el control político de la  Presidencia.

Habrá que esperar que los legisladores que asuman en  diciembre tomen nota de esto y le quiten al Ejecutivo el control de  estos organismos, mejorando la eficiencia con que se administran y  disminuyendo el riesgo de caer en el dirigismo.