BUENOS AIRES (ABA).- El director del departamento técnico del Instituto General Mosconi, Gerardo Rabinovich, afirmó que con un instrumento jurídico tan cuestionado como el decreto presidencial que convalidó el tarifazo, es impensable hablar de un aumento de inversiones.

El experto se refirió a un esquema como solución al panorama conflictivo al tiempo que advirtió que "si la producción sigue cayendo habrá aumentos sobre más sectores".

-¿Es correcto el planteo del gobierno, en el sentido que si no se convalida el tarifazo del gas se destruye el sector por falta de inversión y despidos?

-Hay una cooptación del gobierno sobre los empresarios petroleros y los mandatarios de las provincias petroleras.

-¿Por qué?

-A las petroleras les mejora sus ingresos y a las provincias las regalías, pero eso no va a cambiar la historia de la declinación de las reservas.

-¿Es correcto decir que el 50% del potencial incremento se derivará a regalías?

-La mitad va a mejorar el precio de boca de pozo, y de ese 50%, el 88% es para la empresa y el 12% como regalía para el gobierno de la provincia productora. Si el gas en boca de pozo se lleva de un dólar (la unidad) a 1,50: la provincia pasaría a percibir 17 centavos de dólar, a diferencia de los 12 que percibe hoy.

-De todos modos, el gobierno sigue importando gas de Bolivia, lo que perjudica a provincias abundantes en ese recurso como Neuquén?

-La situación de Neuquén solo mejorará si se descubren nuevos pozos petroleros, los recursos no son suficientes para incentivar la inversión y a ello se suma que estamos hablando de un decreto (el que convalidó el tarifazo) muy cuestionado, por lo cual ninguna empresa se va a animar a realizar una inversión de 15 años con un instrumento jurídico de ese nivel.

-¿El decreto de Cristina Kirchner es inconstitucional?

-La ley de cargos específicos que tenía el objetivo de financiar obras de infraestructura no definidas es un impuesto, al no estar claro el sujeto de imposición se gravaba a todos por igual sin contraprestación definida. Se están generando una cantidad de amparos que en muchos lugares los jueces han concedido con un desorden generalizado. La gente no sabe si pagar o ir a la justicia.

-¿No es ilógico pagar el gas boliviano mucho más caro que el precio regulado en nuestro país?

-Es cierto, pero la Argentina, por su mala política de hidrocarburos, no tiene otra salida que importar porque lo que produce no le alcanza. No hay exploración suficiente para sostener las reservas que vienen cayendo verticalmente desde hace diez años. A la vez, no hay producción que alcance para sostener la demanda que desde 2004 está entre estancada y en caída. Si la producción está estancada y la demanda crece, no hay otra posibilidad que importar.

Paradoja en la región

-Paradójicamente, mientras en Neuquén y Río Negro sus autoridades defienden el tarifazo, la gente protesta e inicia reclamos judiciales.

-Es que se afecta a una cantidad de gente muy importante. El gobierno habla del 15%. Son 800.000 usuarios, o 3 millones de personas. No es un impacto despreciable. Este gobierno está fracasando -como el anterior- en todas las materias de política energética.

-¿Habría manera de hacer un reajuste sin afectar a sectores carenciados?

-Por supuesto. Hay que normalizar el precio de inyección de gas en el sistema de transporte (PIST) generando un esquema que incluya: el gas en boca de pozo (a un precio razonable), el precio del gas importado y del gas libre (el que consumen los grandes usuarios), unificándolos en un solo precio.

Entonces hay que ver el impacto de ese precio (PIST) y detectar quiénes son los usuarios que no pueden afrontar un aumento que va a tener que ser prorrateado entre otros. Ese esquema tendría que ir al Congreso siguiendo los mecanismos del marco regulatorio, pasar por el Enargas para que lo autorice. Es el modo de actuar respetando la ley; en cambio, sacan un decreto voluntarista de la noche a la mañana para juntar mucha plata.

-¿No alcanza con recurrir al control por lo que marcan los medidores?

-Cada uno tiene que hacer su trabajo: las empresas distribuir o transportar y recibir un precio razonable, el gobierno tiene que controlarlas, no asociarse con las empresas. El control debe ser del ente regulador de gas hacia la empresa y aquella debe determinar los sectores carenciados que no pueden pagar.

-¿El gas en boca de pozo debe ser reajustado?

-Es indudable que el gas a boca de pozo a 1 dólar el billón de BTU no es positivo para la actividad, pero el mismo fue congelado en el 2004, en consenso con todos los productores. En 2007 se actualizó y rige hasta 2011 en un acuerdo que no contempló a las provincias, al menos directamente..

-¿Cuál es la intención del gobierno nacional al convalidar el tarifazo?

-Recaudar lo que hasta ahora estaba subsidiando indiscriminadamente. Con las tarifas congeladas subsidiaba a los ricos porque los pobres consumen gas licuado de petróleo, que no está congelado.

-¿Buscarán mantener la red de subsidios?

-Aun así no alcanzan los recursos del Tesoro. El primer paso fue aumentar el precio del gas a un grupo de consumidores. Si la producción sigue cayendo cada vez serán más los sectores afectados.