LONDRES (AFP) - El gobierno británico rechazó enérgicamente ayer las acusaciones de complicidad en casos de tortura, luego de que una comisión parlamentaria advirtiera que el uso de informaciones obtenidas mediante esa práctica por países aliados puede valer a las autoridades estas incriminaciones.

Los ministros británicos del Interior, Alan Johnson, y de Relaciones Exteriores, David Miliband, expresaron su rechazo a la tortura, aunque admitieron que es imposible garantizar sistemáticamente que las informaciones obtenidas por los servicios de inteligencia extranjeros no fueron obtenidas mediante ese recurso.

"El Reino Unido se opone enérgicamente a la tortura, a los tratos o castigos inhumanos o degradantes", indicaron los dos ministros en un artículo conjunto publicado por el Sunday Telegraph. Aunque para garantizar la seguridad de los británicos "hay juicios y elecciones difíciles" de hacer, aclararon.

"Cuando los detenidos están bajo la custodia de nuestra policía o de nuestras fuerzas armadas, podemos estar seguros sobre la forma en que serán tratados. Por definición, no podemos tener el mismo grado de seguridad cuando están detenidos por gobiernos extranjeros, cuyas obligaciones pueden diferir de las nuestras", agregaron Johnson y Miliband. "Debemos trabajar duro para asegurarnos de que no somos cómplices de tortura o de malos tratos", afirmaron. "Se han frenado operaciones cuando el riesgo de malos tratos era elevado, pero no es posible eliminar todos los riesgos", indicaron.

En su informe anual publicado ayer, el Comité de Relaciones Exteriores (FAC) británico advirtió al gobierno de Gordon Brown que el uso frecuente de información obtenida mediante tortura puede ser considerado legalmente como complicidad en violaciones de los derechos humanos.

"Es imperativo que Gran Bretaña cumpla con sus obligaciones legales para prevenir la tortura, investigar las posibles acusaciones y desenmascararlas", señaló el FAC.

Este informe se produce en momentos en que los servicios secretos británicos enfrentan acusaciones por su presunta participación en interrogatorios de sospechosos de terrorismo en países como Pakistán. El informe reconoce que el gobierno tiene el deber de usar toda la información, sea cuál sea su fuente, que pueda salvar vidas humanas. "Al mismo tiempo, recomendamos que el gobierno continúe ejerciendo la mayor presión para tratar de asegurar a nivel mundial que no se emplea la tortura como método de interrogatorio".