La pobreza es nuevamente motivo de polémicas. El eje central son las posiciones antagónicas entre el Gobierno y las organizaciones en contacto más directo con las poblaciones vulnerables, como es el caso de la Iglesia. Las manipulaciones del INDEC son una fuente de controversia ya que mientras las estadísticas oficiales señalan que sólo el 15% de la población es pobre, mediciones alternativas sugieren que no sería inferior al 33%. Pero, además de la falta de una medición confiable, existen indicios contundentes sobre el fracaso de las políticas públicas para evitar que una gran cantidad de argentinos sufran hambre y vivan en condiciones inaceptables.

La forma en que se vienen distribuyendo los crecientes recursos que se apropia el Estado nacional gracias a una presión tributaria récord es un punto de partida básico para entender el problema. Según datos de la Secretaría de Hacienda, en los primeros 6 meses del 2009 el gasto de la Administración Pública Nacional aumentó en $25 mil millones. De este incremento, el aumento de las transferencias -el rubro donde el margen de discrecionalidad es más alto que, por ejemplo, en los salarios públicos, la deuda publica o las prestaciones previsionales- representan casi $10 mil millones distribuidos de la siguiente manera:

? Aproximadamente $3.400 millones fueron destinados a mayores subsidios a empresas públicas y privadas.

? Otros $3.300 millones fueron los recursos adicionales para otros organismos estatales nacionales y asistencias para las provincias y los municipios.

? Alrededor de $2.750 millones fueron los incrementos de transferencia a las personas, de los cuales $2.530 millones se destinaron a personas incluidas en la economía formal y sólo $220 millones fueron a la atención directa de familias pobres.

La mayor parte del crecimiento del gasto público tuvo por destino subsidiar a la aerolínea estatal, los ferrocarriles, las empresas de transporte, los productores de petróleo, productos alimentarios y autopartes locales, la empresa de agua con cobertura en la región metropolitana y la empresa estatal de medios. Otra porción importante está conformada por las transferencias para las universidades nacionales y para las provincias y municipios, en general, sin impactos importantes sobre los pobres. De las transferencias a favor de las personas, la mayor parte se explica por el incremento de asignaciones familiares, de las prestaciones de desempleo, de los subsidios al empleo formal y las transferencias a cajas previsionales, que atienden fundamentalmente a población de clase media. El resultado final es que apenas $220 millones del incremento en el gasto público (menos del 1%) tuvo como destino directo transferencias monetarias a personas en situación de pobreza.

Este manejo de la política fiscal resulta lo suficientemente expansivo como para hacer desaparecer el superávit fiscal y lo suficientemente regresivo como para explicar el crecimiento de la pobreza. Las implicancias negativas son dobles. Por un lado, el sector público vuelve a operar de manera directa e intensa como un factor de generación de inflación y estancamiento. En los primeros 6 meses del 2008, la Administración Pública Nacional tenía un superávit fiscal de $13 mil millones que desaparecen en el 2009 debido al fuerte crecimiento del gasto público. Por otro lado, el incremento del gasto público se volcó casi en su totalidad a beneficiar empresas y personas no pobres. En el fondo, son las derivaciones de que en la administración del Estado se abandonen los mecanismos institucionales para operar en función de decisiones discrecionales.

Para una sociedad más integrada, una cuestión central es desarticular la máquina de despilfarro que motorizan los intereses corporativos para moderar el crecimiento en el gasto (para que sea consistente con la disponibilidad de recursos). La otra, darle prioridad a acciones que benefician de forma directa a los pobres. (Idesa.org)