NEUQUÉN (AN).- Frente al delicado estado económico de las comisiones de fomento, son dos las propuestas que se discuten en la Legislatura para regularlas. Mientras el bloque del MPN propone fuertes límites a la contratación de personal, la Concertación les otorga un financiamiento fijo, que las independiza de la gestión provincial. La iniciativa oficial, más estricta, establece que el personal a cargo de la comisión no podrá exceder el 5% de la población de la comunidad.
El miércoles pasado, en una reunión extraoficial de la comisión de Municipalidades de la Legislatura en Huinganco, la mayoría de las autoridades de las comunidades de entre 250 y 500 habitantes aportaron lo suyo a la discusión sobre los dos proyectos que están en debate. El reclamo común fue el de los límites a la contratación de personal que plantea la propuesta del gobierno provincial, ya que la gran mayoría está excedida y no cuenta con recursos genuinos para financiarse, más allá de los aportes que, mes a mes, realiza el Ejecutivo por fuera del presupuesto.
La otra iniciativa fue presentada en marzo del año pasado por el legislador radical Juan Oltolina. No establece límites en cuanto a la contratación de personal, aunque sí pone un tope a los fondos que se asignarán a salarios, con un máximo de un 60%. También obliga al Ejecutivo provincial a crear una partida equivalente al 1% de la masa coparticipable con los municipios, con un mínimo de 30.000.000 de pesos, que se distribuirá "equitativamente" entre las comisiones.
En lo administrativo también se diferencia del proyecto oficial, ya que además del presidente y un suplente, los vecinos también elegirán a los miembros de la comisión -que trabajarán ad honórem-, con tres miembros por la fórmula más votada y dos por la segunda fuerza.
Presentada en diciembre pasado, el Ejecutivo traslada las condiciones de austeridad y eficiencia que prevé para los municipios de primera y segunda categoría a las comunas. Habilita a que sólo el 5% de la población del lugar pueda prestar funciones en la comisión. El porcentaje, para una población de 250 habitantes, da un máximo de 12 empleados, además del presidente de la comisión.
No establece un fondo específico y prolonga el sistema actual en el que el gobierno provincial define los montos a distribuir y que la semana pasada fue criticado por los referentes de las comisiones durante la reunión con diputados provinciales, ya que les impide contar con previsiones presupuestarias.
La discusión por el nuevo régimen para las municipalidades comenzó al inicio de la gestión pero se paralizó cuando la Concertación condicionó el tratamiento de la reforma a la ley que las regulaba a que se duplicara la masa coparticipable.
