SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La falta de información ordenada sobre los inmuebles fiscales y los baldíos privados en condiciones de sumarse al Banco de Tierras se convirtió esta semana en el centro de atención de concejales y organizaciones sociales vinculadas a la problemática habitacional, preocupados por los olvidos y distorsiones que desnudó la toma de tierras del IPPV.

Los ediles del Frente Grande Alfredo Martín y Silvia Paz elevaron un pedido formal al Ejecutivo solicitando información sobre terrenos baldíos con abultadas deudas tributarias que permitan al municipio litigar judicialmente para incorporarlos al Banco de Tierras y precisiones sobre la situación dominial de los lotes que se extienden entre Radio Nacional y la ruta de Circunvalación.

La parcela, al este de la calle Esandi, abarca unas 160 hectáreas que se disputan, al menos, tres particulares y estudios jurídicos que el Ejecutivo debió convocar para consolidar al obra de extensión de la calle Esandi.

Martín recordó que muchos abogados y escribanías han aprovechados al máximo los juicios de usucapión, fraguando ocupaciones veinteañales, para apropiarse de lotes abandonados de variado valor inmobiliario, o han sacado mucho provecho de los remates fiscales.

"Las tierras con deudas no tienen que ir a remate, el estado tiene que salir a decir estas tierras son mías", sostuvo el concejal que volvió a reclamar un registro dominial de los inmuebles baldíos o abandonados.

El pedido de informes también pregunta "si existe una base de datos con los terrenos municipales, para que sea utilizada como una herramienta para la realización de una planificación estratégica para el uso de la tierra".