Adhesiones y rechazos están cosechando los conceptos de Graciela Fernández Meijide (78) -madre de un adolescente desaparecido, exdirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional, colaboradora de la CONADEP y exministra del gobierno de La Alianza que presidió el radical Fernando de la Rúa-.

Es que Meijide en su reciente libro La Ilusión vertió algunos de conceptos, aceptando la posibilidad que se les reduzca la pena a miembros de las fuerzas de seguridad que den datos concretos respecto de identidades y sitios de ocultamientos de gente desaparecida durante el proceso militar que se abatió sobre el país en 1976, y del paradero de bebés nacidos durante el cautiverio de sus progenitores que fueron entregados a familias desconocidas y aún no han sido hallados.

También, Meijide considera que los detenidos-desaparecidos durante ese proceso -de 1976 a 1983- son unos 8.000, y no 30.000 como referencian organismos de derechos humanos, familiares y otras entidades.
El miembro de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, Carlos Segovia, dijo que el número de 8.000 desaparecidos "no se ajusta a la verdad".

"Los familiares, muchas organizaciones nacionales e internacionales, por denuncias e investigaciones tienen datos que son más de 30.000 los desaparecidos en la época de la dictadura", señaló Segovia, indicando que con sus precisiones "pareciera que Meijide estaría tratando de profundizar algunas diferencias que existen en las entidades de los derechos humanos. Y aparte es, queriéndolo o sin quererlo, funcional a muchos, incluso represores y sus adláteres, que niegan la cifra de 30.000 y la fijan en 8.000".

Sobre la proposición de Meijide, ya abiertos nuevamente los juicios, de establecer una política de "reducción de penas" para represores sentenciados, procesados o militares o sujetos cercanos a los grupos que actuaron desde 1976 a 1983 que, aún sin estar encausados ni acusados, den datos sobre desaparecidos con nombres y apellidos, cómo fueron asesinados, dónde los depositaron, si enterrados, arrojados al mar o qué, pero proporcionando identidades y circunstancias, Segovia se opuso también.

Meijide precisó que en este tema "ni siquiera con los juicios se ha avanzado un centímetro. Nadie abrió la boca. Hay que hacer algo que no es novedoso porque ya lo hizo Mandela en Sudáfrica", afirma Meijide.

Mientras, la exdetenida política en el proceso, exdiputada provincial del PJ neuquino y presidenta de la Fundación Margarita, María Emilia Salto, coincidió con Meijide respecto de la posibilidad de acotar penas a quienes colaboren otorgando datos concretos.

"Yo no quiero venganza, quiero justicia. Y como dice Meijide, en Sudáfrica, país que ha sufrido la represeión en grado superlativo, se planteó esta experiencia. Y en otras latitudes. Yo quiero saber qué hicieron en Córdoba con el cuerpo de mi hermanita de 20 años, Mara, torturada por su militancia en la Juventud Universitaria Peronista en el campo militar La Perla, quiénes la mataron, dónde la dejaron. Y así en otros miles de casos. No se habla de dejar libre a nadie. Se pone en el punto de análisis la posibilidad de acotar penas a los que den datos y a quienes digan asimiemo las identidades de más responsables de estos actos atroces".

Salto no quiso prenderse en el debate acerca de la cantidad de desaparecidos. "Uno, diez, mil, ocho mil o treinta mil. Cualquiera sea el número, es una tragedia que haya desaparecidos. Me lastima el corazón una polémica de este tipo y entiendo todas las posiciones porque el daño ha sido brutal".

Agencia Cipolletti