CENTENARIO (ACE).- La jueza Federal de Neuquén, Margarita Gudiño de Argüelles, rechazó ayer una serie de nulidades elevadas por las defensas de procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, mientras continúa la investigación para elevar a juicio oral la causa este año.
Las defensas de los militares que buscan evitar el próximo juicio cuestionaron la legitimación de la APDH de Neuquén y de otros querellantes para participar en la audiencia oral y pública. Pero el juzgado Federal rechazó la totalidad de los planteos, tanto los que ya habían sido definidos -por ejemplo los que piden que el proceso vuelva a la esfera de la Justicia militar- como los que resultaron innovadores en cuanto a la solicitud de excluir del juicio a todas las querellas.
Las partes que no requieran la elevación a juicio no pueden luego participar del debate oral y si las defensas consiguen la anulación de estos requerimientos, no podrán tener un lugar de actuación junto a la fiscalía en la audiencia oral y pública.
Ante el rechazo del juzgado, varios planteos fueron apelados a la Cámara Federal de Roca, por lo que será el tribunal de alzada el que debe definir.
Según indicó la secretaria del juzgado, Silvina Domínguez, anteriormente se había rechazado la pretención de un equipo de las defensas de desplazar al Ceprodh como querellante, situación que los abogados de los militares apelaron a Roca y estaba para ser resuelto.
Pero ahora, en esta etapa de traslados de lo que será la última vista para que la causa sea llevada ante el Tribunal Oral, las defensas profundizaron la línea de exclusión de los querellantes y plantearon la nulidad del requerimiento de elevación a juicio que hizo la APDH de Neuquén; como así también la de los familiares directos de los desaparecidos.
Hubo defensas que desconocieron la representación de la hermana de un desaparecido, con el argumento de que el código establece que en el accionar querellante debe ser hecho por los padres o descendientes.
"El juzgado planteó una tesis amplia de la querella porque al tratarse de delitos de lesa humanidad, es la sociedad la damnificada por la comisión de estos hechos aberrantes, y tanto los organismos como los familiares tienen la legitimación para actuar", dijo Domínguez al ser consultada.
La presentación de la jueza Margarita Gudiño de Argüelles abundó en la profundización del rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho de acceso a la Justicia de la humanidad damnificada por estos delitos, dijo Dominguez.
"El juzgado consideró que tanto la APDH, como el Ceprodh, y los familiares de detenidos - desaparecidos, inclusive las víctimas, están legitimados para actuar en esta causa, porque adhirió a una tesis amplia de la querella", insistió Dominguez.
