SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La actitud prescindente del municipio y la provincia ante la ocupación de tierras del IPPV y las 35 hectáreas mereció un fuerte reproche de las organizaciones que integran la Mesa de la Tierra que exigieron la urgente atención de las 40 familias "abandonadas a su suerte".
Tanto el IPPV como el Instituto municipal de Tierras y el Ejecutivo evitaron todo diálogo con los ocupantes y limitaron sus acciones al plano judicial. Ayer el fiscal Eduardo Fernández recibió la denuncia del propietario de las 35 hectáreas, Germán González Lera, y ordenó las mismas medidas preliminares dispuestas para la presentación del IPPV.
El particular, que contaría con el acompañamiento del municipio, envió personal contratado para cercar las tierras que no pudo comenzar su trabajo por falta de materiales.
Por la tarde la policía dio cumplimiento a la orden emitida el miércoles por el fiscal y se acercó a la toma para hacer una inspección ocular de las tierras ocupadas y el relevamiento de las familias instaladas en el lugar.
Pero los efectivos de la comisaría Segunda se encontraron con la resistencia de los ocupantes que, en tono firme pero amable, exigieron una orden del juez para facilitar la información solicitada.
Por otra parte, la indiferencia de las autoridades movilizó un duro cuestionamiento de la Mesa de las organizaciones de la Tierra que reprocharon la indiferencia de los funcionarios y advirtieron que "abandonar 40 familias a su suerte, colocarlas en una situación de desamparo absoluto, no es manera de responder".
La situación planteada por la toma colmó la paciencia de las organizaciones sociales que llevan meses reclamando al gobierno el relajamiento de tierras fiscales y privadas disponibles dentro del ejido.
Por lo mismo exigieron al estado municipal que "prior ice su intervención por sobre las cuestiones de titularidad de la tierra" y le recordaron que "atender las necesidades sociales más urgentes es un deber (para el estado), no una opción".
La Mesa observó que la crisis habitacional, los "lentos resultados" de las soluciones anunciadas por los funcionarios y la nueva toma mantiene a la comunidad "dividida sobre el alcance de la propiedad privada".
También consideró "paradójico" que el escenario de esta nueva ocupación sean tierras del IPPV, "instituto destinado a la solución habitacional" y recordó que "la única herramienta para evitar el fenómeno de las ocupaciones es generar soluciones habitacionales".
Por su parte, el defensor del Pueblo, Vicente Mazzagglia, hizo pública su sorpresa por la ausencia de funcionarios de provincia y del municipio que se sólo limitaron a judicializar la usurpación.
"Me sorprende que no hubo ninguna autoridad porque este es un problema al que hay que encontrarle una solución de alguna manera. Este problema existe, no es nada" reflexionó Mazzaglia en diálogo con el diario digital Bariloche2000.
