SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Una mujer que vive con su hija de cinco meses en una vivienda usurpada que pertenece a la Aduana presentó un recurso de amparo y logró que el juez Emilio Riat ordenara que le instalaran un medidor y la energía eléctrica.

La CEB le había denegado el servicio, pese a considerarlo personal y esencial, a pedido de la propietaria del inmueble, pero el magistrado citó jurisprudencia y justificó el derecho de la amparista al considerar que "sería arbitrario y contrario al espíritu de la reglamentación del derecho humano impedir que quien se domicilia en un inmueble obtenga un medidor con derecho a suministro".

La Aduana informó que había iniciado un proceso para recuperar el inmueble usurpado, y el ministerio consideró improcedente el amparo "porque su recepción contribuiría a la comisión de un ilícito penal", pero el juez Riat entendió que el derecho al suministro de energía eléctrica está implícito en los derechos al bienestar y a una vivienda digna, consagrados por pactos internacionales con jerarquía constitucional, y los artículos 14, 16, 32 y 40 de la Constitución de la provincia de Río Negro.