Más detenidos, más violencia, más suicidios en los institutos de menores. Esas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden del informe elaborado por la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, presentado el jueves.
"Nuestro balance sobre las políticas penitenciarias, penales y de niñez desplegadas por la gestión del gobernador Scioli es muy crítico, aunque hemos tenido una convivencia institucional respetuosa. Creemos que fortalece la institucionalidad democrática que existan mecanismos de control autónomos de los gobiernos de turno", afirmó Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la Comisión por la Memoria.
En la introducción general del Informe 2009, uno de los párrafos más críticos está dedicado a las políticas de seguridad: "La gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso en cuanto a promover una conducción democrática de las instituciones de seguridad y eficaz en la prevención e investigación de los delitos. A contramano de una serie de cambios introducidos por la gestión del ex ministro de Seguridad León Arslanian, la actual gestión ha retomado el camino de ceder el autogobierno a la propia policía. Se volvió a las lógicas de centralización del poder (...) Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador".
"Uno de los hechos más preocupantes del año pasado es la aprobación de una reforma procesal penal que es inconstitucional y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo. Los legisladores la votaron sin la menor preocupación por su impacto negativo sobre el sistema penal y penitenciario. Las consecuencias ya son evidentes; si sumamos cárceles y comisarías, la cifra de detenidos ascendía en marzo de este año a 28.300 personas y continúa creciendo", señaló Hugo Cañon, que participó del panel de presentación del Informe.
Los siguientes son algunos de los datos más destacados desarrollados en el Informe 2009.
1) Más mujeres detenidas: en 2007 representaban menos del 3% y en 2008 alcanzaron el 4,1% del total de detenidos. El aumento responde principalmente a mujeres detenidas y acusadas de tenencia simple de estupefacientes.
2) 10% más de muertes: las "traumáticas" (derivadas de peleas, heridas de arma blanca, suicidios por ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros) representan el 41% del total.
3) Balas de goma: aunque el personal penitenciario tiene, por ley, limitado el uso de armas, la represión con balas de goma ha sido utilizada al menos 1.487 veces durante 2008, es decir, 123 hechos por mes.
4) La tortura: continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales mediante prácticas como el "submarino seco", palazos, golpizas, picana, traslados constantes, duchas o manguerazos de agua helada, aislamiento como castigo. De un total de 266 encuestas realizadas en 5 unidades penales, el 72 % de los detenidos reveló haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. Los más jóvenes y los primarios son más agredidos que los mayores y los reiterantes.
5) Mujeres con preventiva: un 85 %, porcentaje mayor que el de los hombres (76%). En esos casos el uso excesivo de la prisión preventiva produce fuerte impacto negativo sobre su núcleo familiar, la educación de sus hijos, la institucionalización de los restantes niños, ruptura de los vínculos familiares.
6) El sida: se afirma que el 2% de la población penitenciaria padece esa enfermedad, un porcentaje muy inferior al que registran países centrales como España (18 %). Según estadísticas oficiales, el 19% de los fallecidos en 2008 en las cárceles de la provincia, lo fue por consecuencia del HIV-sida.
7) Plata que no se ve: el Estado provincial invierte $ 4.045 mensuales por cada interno. Este monto contrasta con las pobres condiciones materiales que se relevan cotidianamente en los penales provinciales y la carencia de elementos de higiene, medicamentos, alimentos.
8) Denuncias: la base de datos del Comité contra la Tortura incluye 11.000 expedientes con denuncias contra las fuerzas de seguridad y su personal. El 77% de las causas judiciales son por apremios ilegales. Le siguen las denuncias por lesiones (3%) y amenazas (3%) y las privaciones ilegales de la libertad (2%).
9) Justicia acostumbrada: actos lesivos vinculados a las condiciones de detención son denunciados pero muchas veces no son evaluados en las sentencias judiciales. Por extendidas, esas condiciones parecen haber pasado a ser consideradas normales.
