Viernes 07 de Agosto de 2009 Edicion impresa pag. 7 > Regionales
Suspenden la suba en diez ciudades neuquinas
Decisión preventiva de la Justicia Federal a pedido de la Defensoría

NEUQUÉN (AN).- El Juzgado Federal 1 de Neuquén hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Defensoría del Pueblo de Neuquén con el apoyo de tres organizaciones nacionales de consumidores y suspendió el cobro del cargo adicional por el Fondo Fiduciario de las facturas del servicio de gas de los usuarios de una decena de localidades neuquinas.

La resolución fue adoptada ayer por el juez subrogante Roberto Navarro y tiene validez para los usuarios de las ciudades de Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Añelo.

"El juez hizo lugar al pedido de suspensión del cobro en forma colectiva para todos los usuarios del área que abarca ese juzgado", explicó ayer el Defensor del Pueblo capitalino, Juan José Dutto. El funcionario detalló que "esta es la medida que tiempo atrás había sido rechazada porque no se había reconocido la capacidad de la Defensoría y por eso tuvimos que sumar a la medida la adhesión de los tres organismos nacionales de consumidores" Deuco, Adduc y Unión de Usuarios y Consumidores.

Dutto advirtió que "la medida es sólo para los consumidores que están afectados por estos aumentos, es decir los que corresponde hoy a la categoría R3.4, y a partir del mes que viene también a las categorías R3.3 y R3.2".

Destacó que "quienes ya tienen sus facturas con aumento van a tener que esperar un par de días para ver cómo pagan la factura sin el cargo del decreto 2067/08 y el IVA porque le pediremos a la Justicia que aclare ese procedimiento".

El defensor señaló que "el lunes se presentó en el juzgado de Zapala una medida similar con un poder que nos dieron estos grupos de consumidores por lo que esperamos que en pocos días se emita un fallo similar para el resto de los vecinos de la provincia".

Esta ampliación de la medida cautelar no sólo alcanza a más del 60% de las familias afectadas por el alza dispuesta por el gobierno nacional para las grandes demandas residenciales, sino que también implica que ya no es necesario entablar acciones de amparo individuales.

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