En Neuquén la ley 2141, de Administración Financiera y Control, ordena en su artículo 63, inciso a), que "todo contrato se hará por licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos, y por remate o licitación pública, cuando se deriven ingresos". En el artículo siguiente detalla las excepciones a esa norma general, pero los funcionarios de la administración pública provincial, y en particular los del banco provincial, parecen estar convencidos de que no se trata de una norma general y sus excepciones sino de opciones. Esto es, que se puede elegir libremente entre la licitación o el contrato directo con la empresa que el funcionario prefiera. Cada vez más, la opción es por el contrato directo, frágilmente sustentada en "razones de urgencia" o en el inciso h) del artículo 64, que la autoriza "para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados".
Sin descartar que antes haya sido también así, desde la gestión de Luis Manganaro, y más aún la de Omar Gutiérrez como presidente, Adriana Velasco como gerenta general y Sergio Pintado como gerente de administración, el BPN ha violado frecuentemente la ley citada. En tal sentido, se han publicado en este diario tanto investigaciones propias como información de denuncias de diputados de la oposición. A pesar de que tales conductas podrían llegar a rozar el artículo 248 del Código Penal, que castiga el abuso de autoridad, ni fiscales ni jueces se han interesado en el tema. Tampoco los funcionarios involucrados han considerado necesaria una respuesta.
Compras en el BPN
El software "work flow" es un sistema que hace el seguimiento del flujo de trabajo. Por ejemplo, desde que alguien pide un préstamo en el mostrador hasta que se le liquida. En ese sistema el banco provincial gastó una suma "protegida" por el secreto bancario pero que, hasta donde se ha podido saber, fue de millones de pesos. La firma contratada en forma directa para el desarrollo del "work flow" fue IDN Finanzas, cuyo presidente es Guillermo Lizaso. Fuentes del banco informaron que la operatoria aporta escaso valor a la operatoria de la gestión de los préstamos y duplica el trabajo del personal, que tiene que cargar dos veces las operaciones, en el "work flow" y en el sistema Bantotal.
El llamado "software de mesa de ayuda" posibilita que los usuarios de los sistemas del banco resuelvan problemas por teléfono o desde su PC cuando, por ejemplo, no funciona el sistema Bantotal (lo que sucede con alguna frecuencia). También fue comprado sin licitación pública cuando ya existía un sistema similar en el departamento de Seguridad Informática que estaba a cargo de Ricardo Suriani, quien fue reemplazado por un subordinado, Raúl Casolini. Del mismo modo, se compró en unos 500.000 pesos un sistema de gestión para la gerencia de Administración a cargo de Sergio Pintado.
Para la gestión y publicación de documentos, el banco tiene un sistema que permite publicar, para conocimiento del personal, todas las normas, circulares y disposiciones internas. Fue desarrollado por personal del banco utilizando un software sin costo. Una fuente informó que la gerenta Velasco y su colaboradora Susana Yaramani iniciaron gestiones para comprar un sistema nuevo por el que se pagarían unos 250.000 pesos.
También se compraría en forma directa un sistema nuevo para información de saldos. En su momento, este diario publicó grabaciones de conversaciones telefónicas de clientes con el "call center" del banco, que registraban preguntas y respuestas sobre saldos y movimientos de cuentas. Tales grabaciones se hacían al margen de lo establecido por la ley 21256 de entidades financieras y la 25236 de protección de datos personales.
Ahora el BPN quiere comprar un sistema conocido por la sigla IVR que posibilita dar los saldos sin intervención humana y mediante una clave de acceso. De concretarse, la adquisición, autorizada por Pablo Nogués, ex interventor de la sucursal Buenos Aires cuando se conoció el fraude de Temux y actualmente gerente general de Negocios, también se haría en forma directa.
En casa de herrero...
La ley 2141 tiene un "reglamento de contrataciones" aprobado por el decreto 2758/95, y en el organigrama del Poder Ejecutivo neuquino hay una Secretaría de Estado de la Gestión Pública y de Contrataciones del Estado que, como su nombre lo indica, tendría entre sus funciones la de controlar el cumplimiento de las normas citadas. Pero no, porque ni en la misma SEGP y CE esas normas se cumplen.
En febrero de este año el titular de la Secretaría, Rodolfo Laffitte, firmó un contrato por 3.227.865,05 millones de pesos con la firma Think Net, que preside Gustavo Giorgetti, con el objeto de "lograr una mejora sustantiva en la calidad de gestión del gobierno provincial". Al parecer, la "calidad de gestión" no incluye las normas a las que se deben ajustar los contratos, porque no hubo en la caso licitación ni concurso público de precios. Y no sólo eso, porque Giorgetti confirmó a este diario que el 16 de marzo de 2009 asistió, acompañando a Laffitte y como asesor de la SEGP a una reunión en Buenos Aires del Comité Federal de la Función Pública (Cofefup) de la que participaron nueve provincias. Es más: Think Net viene vinculada a la Secretaría en los últimos años, hasta un punto tal que Laffitte y Giorgetti aparecen asociados en la autoría de un proyecto de sala de situación.
En el considerando del decreto que aprueba el contrato se señala que el 15 de febrero de 2008 se firmó un "acuerdo marco" con Think Net" aprobado por el decreto 403, en base al cual la empresa se compromete a ejecutar una serie de proyectos que serán asignados a la SEGP. Todo ello sustentado en el citado inciso h) del artículo 64, como si una compra informática fuera lo mismo que la adquisición de un cuadro de Picasso.
Giorgetti es columnista de un programa de radio, "Empresas de la Patagonia", que destaca como "Nuestros Valores" la "honestidad intelectual, integridad e independencia de criterio", así como que "no es misión" del programa "realizar periodismo de investigación sobre casos de corrupción" ni "cuestionar personas (posturas partidarias, situaciones patrimoniales de funcionarios, etc)".
También se recuesta en el inciso h) la renovación del contrato de mantenimiento de los sistemas troncales entre la SGP y CE y la empresa Inenco, representada por Jorge Besteiro y Moira Torrilla. Es confidencial, lo que significa que cada parte "se compromete a mantener como confidencial toda la información recibida de la otra parte", y fue aprobado por el decreto 1181, del 20 de julio último, por 1.124.820 pesos.
JORGE GADANO
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