LAS GRUTAS (ASA).- El juez Carlos Reussi ordenó el procesamiento del empresario de Las Grutas que en febrero de este año fue denunciado por su esposa por presunto sometimiento sexual hacia su hijastra de 14 años.

La determinación del magistrado surgió luego de rechazar el planteo de nulidad que intentó la defensa, ratificando la calificación del delito que se le imputa al procesado, que es "abuso sexual agravado por el vínculo y por la situación de convivencia en forma continuada".

El procesamiento inicial se había dictado a finales de marzo y fue el que modificó la calificación del hecho, agravándola.

Durante el lapso que se utilizó para resolver la situación procesal del individuo, la niña (que ya había relatado en Cámara Gesell las situaciones de abuso, tocamientos y acoso reiterado a las que habría sido sometida) amplió su testimonio relatando la manera en la que su padrastro presuntamente la manipulaba, amenazándola con infringirle castigos a su hermana de cuatro años si no consentía sus acciones.

"A efectos de lograr la continuidad de su gestión y asegurarse el sometimiento de la menor habría manipulado la relación que la niña mantenía con su madre, menoscabando la confianza mutua a fin de cumplir su cometido, y también buscando obtener la obediencia de la niña so pretexto de no maltratar a otros miembros de su familia", relata el juez en la resolución.

Pese a que el desencadenante de la denuncia radicada por la madre el 5 de febrero fue el hallazgo de su pareja en una situación de abuso hacia la niña, según surge de los dichos de la menor la situación se remontaría a las primeras etapas de la convivencia, cuándo ella tenía sólo 11 años.

Entre el material probatorio de la causa figura un teléfono celular en el que, según la denunciante, habría mensajes de texto que le habría enviado el empresario, en los que le confirmaría los hechos. Además, se anexaron como de prueba dos discos rígidos portátiles, una notebook y dos CPU que contendrían material pornográfico infantil.

Por otra parte, sigue vigente la orden de restricción que se impuso para evitar que el empresario acceda al domicilio que compartía con su familia en el balneario.