Si bien desde distintos sectores políticos y económicos se venía solicitando, hace ya años, la limitación de los subsidios masivos al consumo de gas, la forma en que el gobierno nacional accionó sobre los mismos terminó por pulverizar la capacidad de consumo de la clase media argentina.

El sentido común muestra que el Estado debería haber quitado progresivamente los subsidios para que el consumidor no tuviere que soportar aumentos tan significativos de una sola vez y en un contexto económico desfavorable como es el actual.

Las estadísticas muestran claramente que el gobierno podría haber comenzado a desmembrar todo este esquema perverso de impuestos regresivos y subsidios cruzados a partir del 2005.

En ese entonces, los ingresos fiscales mostraban una pendiente creciente proyectada, por lo menos, para los dos próximos años, con una economía que crecía a tasas realmente importantes. Pero la administración Kirchner, a contramano de lo que marca el sentido común y las estadísticas por fuera del Indec, prefirió hacer demagogia durante todos estos años.

Pero esta irresponsable actitud se golpeó de lleno con la realidad económica que afecta al país desde el 2008.

No hay fondos frescos para hacer caja y el gobierno necesita todo dólar que llegue para cancelar los compromisos de deuda de este año. Para compensar la vertiginosa caída del superávit fiscal, cortaron de lleno los subsidios al gas y las facturas de los consumidores se dispararon por las nubes.

Como en la mayor parte de sus acciones, el gobierno actuó tarde y mal. Tarde, porque no hizo los ajustes cuando verdaderamente debería haberlos hecho. Y mal porque a la quita parcial de subsidios se le sumó ahora el decreto 2.067 -que implica otra suba de tarifas-, que está siendo fuertemente cuestionado por la Justicia, y en el Congreso ronda el fantasma del fracaso generado por la resolución 125 que llegó el año pasado al recinto para tratar las retenciones móviles.

El gobierno se encuentra en una situación realmente comprometida. Judicialmente, el talón de Aquiles de este nuevo decreto es la creación del Fondo Fiduciario, que va a contramano de cualquier legislación. El dinero con que se alimentará proviene de "nuevos impuestos" al consumidor y es el Congreso el único que tiene potestad para la creación de estos tributos.

JAVIER LOJO
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