El kirchnerismo volvió a imponer ayer su peso mayoritario en el Senado y cerró la posibilidad de que esa Cámara votara anoche, tal como pretendía la oposición, la derogación de los fuertes incrementos de las tarifas de gas que comenzaron a llegar a los usuarios con las facturas de este mes.

Sin embargo, se aprobó que la discusión sea retomada en la próxima sesión del Senado pero con dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

De todos modos, y pese a la victoria parcial, los senadores kirchneristas están sometidos a una presión similar a la de la votación de la histórica resolución 125 que perjudicó al campo. A diferencia de aquella ocasión, no están lidiando con el reclamo de un sector de la economía, sino con los amplios sectores de la población que recibieron aumentos de hasta 400 por ciento en las tarifas del gas, y que están recurriendo en masa a la justicia para evitar el pago.

Después de que a primera hora de ayer el secretario de Energía, Daniel Cameron, y otros funcionarios del área defendieran el aumento ante la Comisión de Energía de la Cámara alta, el radicalismo pidió que en la sesión de la tarde, que tenía otros temas de agenda, se votara sobre tablas la derogación de la suba, que no tiene dictamen de comisión.

El pedido fue hecho por el presidente de la UCR, Gerardo Morales, y respaldado por las otras bancadas opositoras. Para habilitar esa votación, necesitaba el apoyo de al menos dos tercios de los presentes. Desde la UCR demandaban que el oficialismo cumpliera con lo acordado en la primera reunión entre los bloques posterior a las elecciones, en la que "el tema número uno fue el acuerdo en someter a debate el aumento de tarifas".

Sin embargo, por 32 votos contra 28 se rechazó el tratamiento sobre tablas.

Según explicaron las fuentes, en caso de no prosperar la derogación del decreto, el plan B de la oposición sería establecer una excepción del cargo para los residenciales.

Esto no sólo daría por tierra con el aumento, sino que le quitaría al Poder Ejecutivo la herramienta legal por la que pudo establecer el polémico cargo fijo.

"La oposición remarcó la injusticia de este cargo que no se sabe a quién lo toca y por qué le toca; además, se realizó un planteo sobre la inconstitucionalidad del decreto", dijeron allegados al senador radical Alfredo Martínez.

La iniciativa de debate fue respaldada por el titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, quien cuestionó "el carácter ideológico" que el gobierno quiere darle a los incrementos de los cargos: "Ahora dicen que ellos son progresistas porque le cobran a los ricos, pero resulta que castigan a las provincias pobres, a las clases medias y también a las bajas", afirmó el dirigente radical.

El jefe de bloque oficialista en la Cámara alta, Miguel Pichetto, anteayer había esgrimido desafiante: "Vamos a acompañar la medida del Poder Ejecutivo, salgan a defenderla los gobernadores de las provincias productoras que todavía no los hemos escuchado". Neuquén tomó muy en serio ese reclamo y ayer se encuadró con sus legisladores y el sindicalista petrolero Pereyra. (Ver aparte)

De todos modos, la alusión de Pichetto tenía también como blanco al gobernador chubutense Mario Das Neves, quien se venía colocando en la vereda de enfrente. Ayer su representante en el Congreso, Marcelo Guingle (P.J) flexibilizó su oposición, ya no habló de derogar el decreto sino de suspender sus efectos.

En tanto, el titular del Ente Regulador del Gas, Antonio Pronsato, sostuvo que ``el enojo (por el aumento) es una cuestión emocional´´.

ARGUMENTOS

La presión al gobierno para que desista de aplicar un polémico aumento en las tarifas de gas, que en algunos casos alcanza el 400%, se potenció ayer en el Congreso. Estas son las posiciones.
 • OPOSICIÓN y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES. Consideran el aumento "desmedido e injusto" y reclaman que se derogue el decreto presidencial que autorizó la suba en las tarifas domiciliarias mediante la aplicación del llamado "cargo gas" a los consumidores medios y altos, destinado a financiar los costos de importación de combustibles.
• GOBIERNO. Defiende la suba bajo el argumento de que permite que el Estado deje de pagar millonarios subsidios a las empresas energéticas y que se aplica sólo a "los que más tienen".

(Redacción Central, ABA)