Aunque por motivos comprensibles son reacios a oponerse en público al aumento de un 21% del "salario mínimo, vital y móvil" que la semana pasada anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de una reunión de empresarios y sindicalistas en el Consejo del Salario, la medida ha alarmado a muchos gobernadores provinciales e intendentes que ya tienen dificultades para pagar a tiempo a los empleados locales. También se sienten preocupados muchos empresarios que están luchando por sobrevivir en medio de una recesión que parece destinada a seguir agravándose. Saben que al fijar un piso de 1.500 pesos mensuales -el más elevado de América Latina- a partir de enero próximo, el gobierno nacional acaba de dar un nuevo impulso a los reclamos de quienes ya perciben más pero están resueltos a asegurar que no se reduzca la brecha que los separa de los aproximadamente 300.000 trabajadores no cubiertos por los convenios colectivos que se verán directamente beneficiados. Lo entiendan o no políticos orgullosos de su supuesto compromiso con la igualdad, los trabajadores, sobre todo los mejor preparados, están tan resueltos como el que más a defender su lugar en la jerarquía salarial. Lejos de contribuir a tranquilizar el panorama laboral, pues, el aumento anunciado por la presidenta lo agitará todavía más.

Si bien pocos negarían que para una familia 1.500 pesos mensuales representan un ingreso modesto, hay que tomar en serio las advertencias de aquellos empresarios que dicen no estar en condiciones de pagarlos. Por cierto, en las zonas más pobres del país abundan las empresas pequeñas cuyos dueños ya tienen que optar entre operar en negro y despedir a empleados. Aún más complicada es la situación en que se encuentran los gobernadores e intendentes. Si bien las autoridades provinciales y municipales no están obligadas por ley a respetar las pautas nacionales, que no son vinculantes, se intensificará mucho la presión para que lo hagan, de suerte que a su vez reclamarán que el gobierno kirchnerista les gire más fondos. Antes de que los resultados de las elecciones legislativas los debilitaran, los Kirchner podían aprovechar las penurias de los gobiernos provinciales para disciplinarlos, de ahí la transformación instantánea de tantos radicales y otros en partidarios entusiastas del "proyecto", pero desde fines del mes pasado la relación de fuerzas es muy distinta. Constreñidos a elegir entre privilegiar los intereses de sus propios comprovincianos por un lado y su "lealtad" hacia los Kirchner por el otro, muchos han llegado a la conclusión de que les convendría más dar prioridad al electorado local.

Una consecuencia del frenazo económico y, en muchas partes del país, del conflicto entre la pareja gobernante y el campo ha sido un aumento muy rápido de los déficits provinciales y municipales. A menos que los ayude "la Nación", no podrán abonar en un lapso razonable los salarios y aguinaldos adeudados sin recurrir al expediente desesperado de confeccionar sus propias monedas. Desgraciadamente para ellos, y también para el gobierno nacional, en la caja kirchnerista no hay dinero suficiente como para satisfacer sus reclamos. Así las cosas, no es necesario ser un profeta para prever que en muchas partes del país estallen conflictos sociales muy graves en las semanas próximas en que trabajadores municipales culpen al intendente por no pagarles sus salarios, los intendentes pasen el bulto a los gobernadores y éstos se enfrenten con el gobierno nacional que, es de suponer, tratará de responsabilizar "al mundo" por la debacle fiscal que se ha producido, aunque la retórica en tal sentido no convencerá a nadie, ya que todos saben que el problema es netamente interno. Mientras que los fondos de coparticipación se han visto afectados por la caída de la recaudación debido a la recesión, los gastos de los mandatarios provinciales y municipales, impulsados por la inflación, han continuado creciendo. Puesto que revertir con medidas consensuadas esta situación nada promisoria sería sumamente difícil, lo más probable es que la tarea quede en manos del mercado, o sea que el país experimente otra etapa de caos económico en que caiga nuevamente el poder adquisitivo de todos salvo los integrantes de una minoría pequeña.