El libro La Ilusión, de Graciela Fernández Meijide (78), madre de un desaparecido, ex dirigente de la APDH nacional, colaboradora de la CONADEP y exministra del gobierno de La Alianza que presidió el radical Fernando de la Rúa, al igual que algunos de sus conceptos relacionados con los desaparecidos y los represores, fueron muy cuestionados en Cipolletti por el máximo referente de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, Carlos Segovia.

Meijide sostiene que la cifra real, comprobada, de desaparecidos es de unos 8.000, y no de 30.000 como tradicionalmente manejan familiares y organizaciones.

"Eso no se ajusta a la verdad. Los familiares, muchas organizaciones nacionales e internacionales, por denuncias e investigaciones tienen datos que son más de 30.000 los desaparecidos en la época de la dictadura", señaló Segovia, indicando que con sus precisiones "pareciera que Meijide, a quien no se le puede negar el protagonismo que tuvo en su momento en la APDH, ni su militancia ni su dolor por el hijo que perdió, estaría tratando de profundizar algunas diferencias que existen en las entidades de los derechos humanos. Y aparte es, queriéndolo o sin quererlo, funcional a muchos, incluso represores y sus adláteres, que niegan la cifra de 30.000 y la fijan en 8.000".

"Esto en verdad no se entiende. Un desaparecido es una tragedia, 8.000 mucho más pero, la cifra real, 30.000, marca la magnitud extrema del horror y del daño de esa atroz dictadura", dijo Segovia.

En precisiones en derredor de su libro Meijideopina que hay que establecer una política de "reducción de penas" o de una especie de perdón para represores sentenciados, procesados o militares o sujetos cercanos a los grupos que actuaron desde 1976 a 1983 que, aún sin estar encausados ni acusados, den datos sobre desaparecidos con nombres y apellidos, cómo fueron asesinados, dónde los depositaron, si enterrados, arrojados al mar o qué, pero proporcionando identidades y circunstancias.

Segovia y La Corriente rechazaron de plano esta posibilidad. "Siempre que hubo recompensas, hubo dificultades. La justicia con todos los medios a su alcance debe perseguir, investigar, apresar y juzgar a los represores y asesinos del proceso militar. Y el Estado está en deuda, debe poner todo para que la SIDE, otros servicios y las fuerzas armadas y de seguridad digan dónde están los archivos de aquella época nefasta. Porque se sabe que están en alguna parte".

Agencia Cipolletti