SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Justicia ordenó ayer a la policía la realización de medidas preliminares para conocer el estado de la toma iniciada en tierras del IPPV y las 35 has destinadas al banco de Tierras, a la que ayer se sumaron más familias desocupadas pese al intenso frío y la nieve.
A primera hora el fiscal Eduardo Fernández le encomendó a la comisaría Segunda que realice una inspección ocular del asentamiento, tome fotos y realice un relevamiento de los jefes de familia de la ocupación.
La medida no fue cumplida hasta avanzada la tarde, pero en contrapartida se hizo presente en el lugar el defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, que se ofreció como veedor de la actuación y atendió las distintas situaciones de necesidad de la ocupación.
La toma comenzó la semana pasada y tomó cuerpo el domingo con la llegada de otras 15 y se consolidó el lunes con un grupo de 40 familias que se registraron en una lista y acordaron "luchar juntas" para acceder a un loteo social en ese lugar. Ayer, pese al frío y la nieve, se siguieron sumando personas que no fueron aceptadas por el grupo original y se asentaron en zonas más alejadas de las 35 hectáreas negociadas a la familia González Lera que el municipio comenzará a pagar la semana próxima.
El presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Oscar Zamora admitió a "Río Negro" que el municipio conocía la existencia del remanente pero que estaba esperando una definición de uso del organismo provincial.
