Los norteamericanos suelen señalar que no hay tal cosa como un almuerzo gratuito, lo que es su forma de decir que tarde o temprano alguien, aunque no necesariamente sea el consumidor mismo, tendrá que pagar por lo que se consume. Pues bien: a partir del desplome del 2002 buena parte de la población del país se ha acostumbrado a la idea de que la energía deba ser sumamente barata y que sea perfectamente natural que para los porteños y otros los costos del gas que usan sean una mera fracción de los que tienen que soportar los que viven no sólo en ciudades extranjeras como Sao Paulo y Santiago de Chile sino también en barrios pobres y zonas rurales que lo compran en garrafas. Pero desgraciadamente para los habituados a los precios congelados, el "modelo" basado en ellos acaba de estallar. Desde hace varias semanas millones de usuarios están recibiendo facturas de gas con aumentos siderales, de hasta el 400%, sobre los montos para el mismo período del año pasado y, puesto que aún quedan algunos meses de frío, es más que probable que las siguientes motiven todavía más indignación. Como suele suceder cuando la clase media se ve frente a un tarifazo fenomenal, las organizaciones que defienden los derechos del consumidor están resueltas a obligar al gobierno a anularlo, jueces han fallado en contra para que los usuarios puedan negarse a pagar el cargo adicional que le fue agregado por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y es bien posible que esta semana el Congreso los respalde.

Tal reacción es sin duda natural. El tarifazo, combinado con otros aumentos, ha hecho trizas decenas de miles de presupuestos familiares y abundan las personas que sencillamente no están en condiciones de adaptarse a la nueva realidad. Así y todo, aun cuando el gobierno nacional se viera constreñido a dar marcha atrás debido a la presión política y jurídica, esto no querría decir que resultara factible restaurarse el statu quo de antes con tarifas energéticas propias de una potencia petrolera en una época de bonanza internacional. Mal que les pese tanto a los que, convencidos de que no habría cambios abruptos en los años siguientes, invirtieron mucho dinero en la compra de equipos que consumen mucha energía, como al gobierno responsable del desaguisado que se ha producido, ha llegado la hora de pagar por el despilfarro electoralista de los más de seis años últimos. Si no hay forma de obligar a los consumidores residenciales a pagarlo directamente, ellos tendrán que hacerlo indirectamente. La alternativa a resignarse a que en adelante la energía, trátese de electricidad, de gas o de otros combustibles, sea mucho más costosa es afrontar un futuro signado por crisis energéticas cada vez más angustiantes.

Durante años Néstor Kirchner hizo de su negativa a "ajustar" las tarifas energéticas uno de sus caballos de batalla principales. Con la mezcla de ingenuidad y astucia populista que era característica de su gestión, dio a entender que las empresas del sector deberían subsidiar el consumo porque les había ido bien en los años noventa del siglo pasado. Como consecuencia, los empresarios dejaron de invertir. Según los informes más recientes, desde comienzos de la gestión de los Kirchner las reservas comprobadas de gas y petróleo se han reducido drásticamente -en la actualidad, las del gas apenas llegan a la mitad de las registradas en el 2004-, de suerte que a menos que se modifique radicalmente la política oficial pronto se agotarán por completo. Que esto ocurriera fue inevitable, ya que era irracional suponer que sería posible reemplazar las leyes económicas fundamentales por la voluntad del presidente de turno, por prepotente y autoritario que él fuera. Con todo, aunque muchos advirtieron que andando el tiempo el gobierno tendría que implementar un ajuste energético salvaje, ordenando de golpe aumentos extraordinarios porque se había resistido a permitir una serie escalonada de aumentos chicos que hubieran incidido en el consumo, Kirchner se negó a prestarles atención. Huelga decir que en última instancia los costos económicos de tanta irresponsabilidad correrán por cuenta de los consumidores, mientras que el gobierno de su mujer, muy debilitado por los resultados de las elecciones legislativas, tendrá que abonar los políticos que con toda seguridad serán elevados.