El ex presidente Fernando de la Rúa será el segundo ex mandatario sometido a juicio por supuestos actos de corrupción desde la vuelta de la democracia, una vez que se concrete el envío a esta etapa de la investigación por el pago de sobornos en el Senado nacional.
Su antecesor en el cargo, el ex presidente Carlos Menem, es sometido actualmente a juicio oral en los tribunales federales de Retiro por el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
"Nos encontramos frente a un caso en que el Poder Judicial ha sido llamado a revisar la corrección del comportamiento de los otros dos poderes en materia del complejo mecanismo de dictar una ley", estimó ayer en su voto el camarista Eduardo Farah.
Farah entendió que "no sólo estamos frente a un caso en que se persigue penalmente a un ex presidente de la Nación y a una serie de funcionarios de alto rango -administradores y legisladores- sino a uno que ha dictado una ley que ha regido a quienes han delegado la manifestación de sus voces en representantes elegidos a tal efecto".
"Por ello la perspectiva democrática invocada por la defensa cuenta tanto para el fin perseguido por ella -es decir, evitar el enjuiciamiento público de un ex presidente de la Nación- como para el contrario, es decir, para el control popular a través de un juicio público de la actividad de sus gobernantes cuestionada en su corrección", opinó.
De esta manera rebatió uno de los principales argumentos de la defensa, que ubicaba al ex presidente radical como blanco de una persecución política.
También en el fallo se dio por probado que "una vez que los rumores de sobornos en el Senado dejaban de ser tales y tomaban visos de seriedad y se precipitaron al público, una vez más el ex presidente ratificaba la actuación de su ministro de Trabajo al nombrarlo en un cargo de extrema confianza presidencial, es decir en la secretaria General de la Presidencia". (Télam)
