Los amigos del mandatario venezolano Hugo Chávez, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, suelen defenderlo señalando que a pesar de sus excentricidades a su entender ha respetado los principios democráticos, pero no les será tan fácil continuar pasando por alto la ofensiva furibunda y claramente antidemocrática que el "bolivariano" ha emprendido contra la libertad de expresión. Según un proyecto de ley propuesto ante la Asamblea Nacional, que es mayormente chavista, por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es forzoso ponerle "límites" a dicha libertad castigando con hasta cuatro años de cárcel a quienes cometan "delitos mediáticos", una categoría amplia que incluye atentar contra "la moral pública" y "la salud mental" o difundir información supuestamente "falsa", "manipulada" o "tergiversada". Como es habitual cuando regímenes autoritarios como el de Chávez se proponen "regular" la prensa, la impulsora de la propuesta afirma que en su país "se respeta la libertad de expresión", pero parecería que a su juicio demasiados periodistas confunden libertad con libertinaje, de ahí la necesidad de reeducarlos encarcelándolos. Al fin y al cabo, es lo que se hace en países "socialistas" como Cuba, China y Corea del Norte.

La actitud de los chavistas frente a "los excesos" de la prensa es idéntica a la del peronista José López Rega y ciertos integrantes del régimen militar que sucedió al gobierno en que "El brujo" desempeñó un papel protagónico. A ellos también les preocupó sobremanera la supuesta distinción entre libertad y libertinaje, la palabra que usaban para calificar el disenso. Para los autoritarios de derecha o izquierda, además de los que como Chávez se las han ingeniado para combinar las dos corrientes así supuestas, discrepar con sus ideas y, lo que en su opinión es peor todavía, animarse a criticarlos, es propio de enemigos de la patria. Por lo tanto, constituye su deber impedirles seguir amenazando la anhelada unidad nacional cerrando diarios y canales televisivos y encarcelando a aquellos periodistas u otros que se niegan a actuar como propagandistas de la única verdad permitida, la oficialista. Hasta ahora los chavistas se han limitado a aprovechar leyes anteriores y oportunidades económicas para silenciar canales de televisión en manos de opositores y sus matones han hostigado a distintos periodistas, pero parecería que la intimidación así supuesta no ha resultado tan eficaz como querían, razón por la que han optado por la censura sistemática.

Lo que tiene en mente la fiscal general y, con toda seguridad, el propio Chávez, es violatorio de las pautas internacionales en la materia y de los tratados que en teoría rigen en América Latina, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero es poco probable que el mandatario venezolano y sus simpatizantes tanto en su propio país como en el resto de la región se sientan preocupados por tales pormenores. Chávez se ha propuesto "profundizar la revolución bolivariana" para perfeccionar lo que llama "El socialismo del siglo XXI", motivo por el que, como siempre sucede con los comprometidos con empresas autoritarias de este tipo, se supone obligado a eliminar los focos de resistencia a sus designios, en especial los intelectuales, que a pesar de sus esfuerzos aún existen. Era de prever, pues, que tarde o temprano procuraría hacer callar a los medios periodísticos que no le rinden pleitesía.

Lo que está sucediendo en Venezuela es peligroso no sólo para los venezolanos, que pronto podrían verse condenados a vivir bajo una dictadura cada vez más totalitaria, sino también para todos los demás latinoamericanos. Chávez ya cuenta con gobiernos aliados en la región que no vacilarán en imitar su ejemplo amordazando a quienes en sus propios países se les oponen. Por fortuna, los Kirchner, que comparten la obsesión de Chávez con "el libertinaje" mediático, ya no están en condiciones de intentar emularlo, pero no sorprendería en absoluto que sí lo hicieran mandatarios como el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa que, lo mismo que su jefe, parecen creerse dueños exclusivos de la verdad y por lo tanto con pleno derecho a castigar a quienes rehúsan respaldarlos, pero han desistido de hacerlo por miedo a la reacción internacional.