Para cumplir con el precepto constitucional que establecía la vigencia de un régimen de seguridad social integral, el primer gobernador de Río Negro, Edgardo Castello, remitió a la Legislatura provincial en los primeros meses de 1959 el anteproyecto de creación de la Caja de Previsión Social.

Para la elaboración de la norma, el Poder Ejecutivo había contratado al especialista en temas previsionales y de seguridad social de la ciudad de La Plata Rafael Fernández Badía.

Hace cincuenta años el gobernador anunciaba que "para la jubilación ordinaria se ha fijado el 82 por ciento móvil como monto jubilatorio, sin las escalas restrictivas que existen en otros regímenes". Esto es factible -señalaba en su mensaje- por cuanto los aportes, que estarán siempre al absoluto cuidado y servicio de sus afiliados, lo harán posible. Además se establece claramente que el destino del fondo conformado con los aportes tiene una sola meta: la previsión social".

El 27 de julio de 1959 la naciente Legislatura aprobó la ley de creación de la Caja de Previsión Social de Provincia de Río Negro.

El 1 de agosto de ese año, Castello firmaba el decreto 1086 promulgando la ley 59/59.

La primera Junta de Administración del organismo previsional estuvo integrada por Abel Di Ciervi, como presidente; Fermín Rogelio Cuestas, en calidad de vocal gubernamental, e Ítalo Falca como vocal gremial, en representación del Sindicato de Empleados Públicos de Río Negro.

Es preciso recordar el primer grupo de funcionarios, asesores y personal que, con sabiduría, eficiencia y honestidad, pusieron los cimientos de una institución que fue modelo y orgullo de los empleados públicos de Río Negro.

Se desempeñaron como asesores legales los doctores Oscar Hugo Mauri y Miguel Fugo. Los contadores fueron Fernando Rocha y Horacio Pérez Casal. Como tesorero se desempeñó Edgardo Otero. La planta de personal estaba integrada por un reducido grupo de empleados, entre ellos, Elsa Tolosa, Nora Morón, Clarita Ojeda, Raquel Reca, Eleonor Bottari, Nora Parisi, Coca Fecci, Osvaldo García y Roberto Bagnato. Cafetero, Juan Luca, y cadete, Mariano Linares.

En un edificio alquilado en la calle 25 de Mayo 674 de Viedma, luego de un proceso de capitalización de tres años, la Caja de Previsión Social de Río Negro inició una etapa de realizaciones de gran trascendencia. Se instrumentó una variada gama de préstamos personales que cubrían contingencias por enfermedad, natalidad, nupcialidad, fallecimiento, turismo, estudios y traslados.

El 6 de diciembre de 1965 la Legislatura de Río Negro sancionó un proyecto de ley elaborado por una comisión surgida del Sindicato de Empleados Públicos que creaba la Obra Médico Asistencial (OMA). Posteriormente, el gobierno justicialista de Mario José Franco (1973-1976) transformó ese organismo en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).

El 10 de diciembre de 1965 el gobernador radical Carlos Cristian Nielsen, a través del decreto 2531, promulgó la ley con el número 453/65. La norma establecía que "las funciones administrativas contables y de disposición de fondos estarían a cargo de la Caja de Previsión Social. Para la conducción del nuevo organismo fueron designados, con funciones de gerente, el contador Fernando Rocha, y el médico Carlos Tessari, en calidad de director técnico.

Ejercía la presidencia de la Caja de Previsión Social Mario Poliglieddu y con solamente cinco empleados se inició el programa de asistencia médica integral a todo el personal de la administración pública provincial en actividad o pasividad y a las personas que integraban el núcleo familiar del afiliado.

Durante la gestión del gobierno militar de facto del comodoro Luis Homero Lanari (1966-69) fue designado Otto Garmaz como presidente de la Caja de Previsión Social. Este funcionario repuso el Consejo de Administración que establecía la ley 59/59. El cuerpo colegiado estaba integrado por el presidente y dos vocales. El gubernamental era Jorge Pedro Fages y los gremiales, en representación de los afiliados, Edgardo Abrameto y, posteriormente, quien suscribe, Héctor Jorge Colás.

Fue, sin lugar a dudas, una época de grandes realizaciones, de ampliación de beneficios y coberturas para los servidores del Estado provincial. Durante esos años se construyó la sede de la Caja de Previsión, se adquirieron terrenos para los afiliados en todo el territorio provincial y se levantaron en distintas ciudades de Río Negro barrios colectivos de viviendas. Los empleados públicos accedieron a créditos hipotecarios con fondos previsionales para refacción, ampliación, construcción o adquisición de su vivienda.

Se compró el jerarquizado hotel Pilmayquén, en San Carlos de Bariloche, para ser utilizado por los afiliados, y sus familias y paralelamente se decidió su explotación comercial para atenuar los gastos fijos y de mantenimiento que demandaba esa valiosa edificación frente al lago Nahuel Huapi. Esta etapa fue completada por el contador Fernando Rocha, que reemplazó a Garmaz en la presidencia de la Caja. El destacado profesional rechazó la función de interventor ofrecida por el gobierno y exigió la continuación de la Junta de Administración con la representación sindical, para luego aceptar el cargo.

Los gobiernos militares y lamentablemente también los constitucionales apelaban a la figura de la "intervención" para el libre manejo del sistema previsional rionegrino.

Varias medidas tomadas por interventores de gobiernos de facto y también constitucionales restaron capacidad económica y financiera a la Caja de Previsión Social. La situación se agravó con el dictado de la ley 1493, por la que fue eliminado el aporte patronal al fondo común, lo que convirtió al organismo en una mera oficina pagadora de prestaciones jubilatorias.

Pero el golpe mortal a esta gran institución rionegrina lamentablemente se lo asestó un gobierno constitucional. El 5 de junio de 1996, la Legislatura aprobó el convenio de transferencia del sistema de Previsión Social de Río Negro firmado por el gobernador Pablo Verani con el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes del pueblo en el Parlamento con mayoría radical dispusieron "la disolución y liquidación de la Caja de Previsión Social de la provincia de Río Negro".

Ha transcurrido medio siglo desde la promulgación de la ley 59/59. Por muchos años la Caja de Previsión Social fue una valiosa institución del patrimonio provincial. Era un organismo que, además de asegurar los indelegables derechos previsionales y de velar por la salud del afiliado y de su familia, instrumentó un nutrido y variado programa de servicios complementarios que atendían las necesidades sociales y económicas del empleado público de Río Negro.

Como decía el eslogan, la Caja de Previsión de Río Negro fue una "concepción amplia e integral de auténtica previsión social".

HÉCTOR JORGE COLÁS (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Periodista. Viedma