VIEDMA (AV)- Gran preocupación existe en las filas de los policías rionegrinos retirados por la demora de la Comisión de Transacciones Judiciales para confirmar un acuerdo por el juicio de adicionales impagos y descuentos incorrectos. La medida afecta a unos 2.400 pasivos.
Los jubilados, por medio del centro que los agrupa, enviaron un enérgico reclamo al gobernador Miguel Saiz por la falta de respuestas de esa comisión, que integran miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La nota firmada por el presidente del Centro Provincial de Retirados, Ricardo Sánchez, indica que desde julio de 2008 se están realizando gestiones, y sin embargo, "a más de un año sólo se obtienen evasivas de parte de la provincia, ignorando su motivo".
Puso como ejemplo que existen numerosos acuerdos firmados con otros sectores que reclamaron por lo mismo, como los docentes, quienes están percibiendo los importes correspondientes a los juicios iniciados contra la Unidad de Control Previsional, a pesar de que las sentencias de primera instancia de la Justicia Federal fueron posteriores a las obtenidas por miembros de la fuerza policial.
"No queremos pensar mal como tampoco quisiéramos pensar que no hay solución, creerán que no tenemos necesidades o que nuestra familia no tiene los mismos derechos que la familia docente u otros sectores", advirtió Sánchez.
Las controversias judiciales con el sector están vinculadas con una incorrecta liquidación de haberes mensuales como consecuencia de la aplicación de la Ley Provincial 2.989 de emergencia económica, impulsada por el entonces gobernador Pablo Verani. La queja es también por el decreto 926 del año 1996, que liquidó un incremento a los activos pero no a los retirados, ignorándose además -para los ex policías- el 82% móvil. También se reprocha lo actuado en el decreto 1.426 de 2001, que otorgó un incremento de 100 pesos sin cancelación hasta la actualidad, y por ese motivo, la Justicia Federal ya falló en favor de los pasivos.
Las sentencias ya superaron primera y segunda instancia y se encuentran en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, el representante legal de los pasivos de la Policía, Juan Carlos Montecino, ya había tenido contacto con la Fiscalía de Estado con el propósito de redactar un proyecto con montos a liquidar.
El Centro menciona que la falta de respuesta deriva en un problema social para muchos pasivos en virtud de que esperan un acuerdo con una edad avanzada.
Las demoras en un dictamen de la Comisión de Transacciones Judiciales generó preocupación, al punto que el legislador Facundo López (Encuentro) -representante de la oposición en esa comisión- anunció el envío de una nota a Fiscalía para que se reactiven las reuniones. Señaló que desde setiembre del año pasado que esa comisión no se reúne, y por lo tanto, no se pueden definir arreglos pecuniarios en diversos juicios que perdió el Estado rionegrino
