El gobierno que preside Hugo Chávez prepara una nueva ley mordaza contra la prensa crítica. El proyecto, llamado Ley Especial de Delitos Mediáticos, prevé penas de cárcel para aquellos medios que atenten contra la "estabilidad" de las instituciones, la "paz social" o la "moral pública".

Durante su programa de radio, el 3 de julio pasado, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas emisoras, televisiones, diarios y páginas web que con sus informaciones generaran zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, presenta ahora al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de seis meses a cuatro años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz social, la seguridad e independencia de la nación", la "salud mental o moral pública" y el "orden público", o que "generen sensación de impunidad o de inseguridad" entre la población. Casi todos los ciudadanos, incluyendo a la fiscal, son susceptibles de ser penados con esta futura ley: los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los productores nacionales independientes, los artistas o "cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza", dice el artículo séptimo del proyecto de ley. También se incluyen en este artículo los propietarios y directivos de medios de comunicación.

El artículo 5 es particularmente severo al castigar el delito que define como "divulgación de noticias falsas" que ocasionen "una gran alteración a la tranquilidad pública" o "hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado". Para las personas y los dueños de medios que publiquen este tipo de información, la justicia podrá aplicar penas de dos a cuatro años de prisión. El mismo castigo está reservado para los que "manipulen" o "tergiversen" una noticia, "generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad",

La propuesta presentada por la fiscal no establece qué organismo será el responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de manipulación o tergiversación de una noticia. "¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático?", se preguntó el Colegio Nacional de Periodistas al tiempo que el régimen de Chávez decide el cierre de 34 radios por "delito mediático", tal como llama a la información periodística independiente. (Agencias)