La relación entre la política y la Justicia es estrecha. De hecho, el Poder Judicial es uno de los poderes de gobierno de un Estado. Esencialmente política es la determinación de una forma de persecución penal, y también la fijación de los marcos normativos en los que ese Poder debe desempeñar su función en temas civiles, laborales, electorales, de familia u otros.

La venda que el ideal de Justicia tiene sobre sus ojos en el imaginario popular no está pensada para concebir una justicia disminuida en su percepción de la realidad "exterior". Sino, por el contrario, como una garantía de que los jueces aplicarán el derecho sin mirar el apellido, el poder o el dinero que tenga la persona cuyos hechos debe evaluar en relación con la ley.

Pero son tantos y tan variados los vasos comunicantes entre la política y la Justicia que, en ocasiones, la línea divisoria entre ejercer una función de administración política y ejercer una magistratura judicial suele desdibujarse hasta parecer inexistente.

El riesgo de una magistratura que priorice su condición política por sobre sus otros rasgos distintivos es que ocasione el peor de los males: la falta de justicia. Y su consecuencia mediata: el desprestigio de los jueces y el incremento del escepticismo generalizado sobre la razón misma del orden normativo en la sociedad.

Esta semana, varios hechos llevan a reflexionar sobre estos temas en Río Negro.

Es notable el esfuerzo del grupo de dirigentes en el gobierno por garantizar que los jueces rionegrinos puedan jubilarse con el 82% móvil de su ingreso en actividad, sin tope de haber previsional, por vía de identificarlos salarialmente con la Justicia Federal a todos ellos, sin importar por cuánto tiempo hayan aportado desde cargos en la magistratura.

Difícilmente ese esfuerzo pueda interpretarse como un intento genuino de dar bienestar económico a un grupo que, a decir verdad, ya lo posee en gran medida. En cambio, hay elementos para suponer que, para el gobierno, es un favor generoso a cambio del cual se pretende lograr que los jueces estén poco interesados en actuar en causas vinculadas con la política o con políticos oficialistas. Incluso, que aquellos jueces o funcionarios a quienes repugnan las presiones políticas se vean tentados a jubilarse, lo que permitiría al oficialismo cubrir los cargos con abogados políticamente más cercanos o personalmente más permeables, sea por temor o por codicia.

Varios expedientes, sobre todo iniciados por la defensora del Pueblo de Río Negro o por legisladores del Partido Justicialista, están todavía transitando tribunales provinciales.

Y, si bien tradicionalmente las causas vinculadas con el poder sufren de modorra crónica en buena parte del mundo, el oficialismo no parece dispuesto a arriesgarse. No olvida que, pese a todos los esfuerzos por condicionar a los jueces a través del Consejo de la Magistratura, los cambios en la jurisdicción contencioso administrativa, la reglamentación de los amparos o la limitación de competencia penal de casos políticos, aun así hubo fiscales y jueces conscientes de su labor que llevaron adelante casos graves hasta condenar a ex ministros o ex funcionarios.

Pero, en todo caso, conviene hacer una distinción: si bien resultan indebidos los intentos de sectores del Ejecutivo o del Legislativo para doblegar a la Justicia, más preocupante es advertir actitudes medrosas, esquivas o timoratas en el propio Poder Judicial.

Esta semana, dos hechos han marcado una importante alerta:

-La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, solicitó audiencia con los jueces del Superior Tribunal de Justicia para analizar tres temas que están indudablemente relacionados: el escaso avance de las causas por presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios o legisladores rionegrinos; la morosidad en el trámite de juicio político solicitado al juez Penal de Viedma Pedro Funes, y el 82% móvil para las jubilaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

El STJ le respondió políticamente: por la vía de una elipsis, le negó la posibilidad de hablar de los temas que motivaban el pedido, invitándola a conversar de otras cuestiones.

¿A qué le temieron los jueces del máximo tribunal al negarse a hablar de tan trascendentes temas con la funcionaria que ejerce un órgano de control externo del Estado provincial?

¿No se sintieron capaces de argumentar jurídica o políticamente en defensa de las decisiones que ese organismo ha adoptado?

Ya no son tiempos en que la cabeza del Poder Judicial pueda escudarse en la distancia o el silencio para aislarse de los ciudadanos y de sus planteos, críticos o no, sobre el servicio de justicia. Escuchar y responder puede ser molesto o fatigoso. Pero lo hacen los médicos, los constructores y todo aquel que asume y ejerce una responsabilidad frente a otros, en forma individual o colectiva.

-El juez Penal de Viedma Carlos Reussi se declaró incompetente para investigar el presunto enriquecimiento ilícito del legislador rionegrino Daniel Sartor y resolvió remitir la causa a un juzgado Federal de capital federal. Lo hizo porque, hace más de ocho años, Sartor fue durante un tiempo primero secretario y luego ministro de Desarrollo Social de la Nación.

Jurídicamente, la decisión de Reussi no parece ajustada a elementos sólidos:

El enriquecimiento ilícito no está entre los delitos federales en razón de la materia. Y, si bien en todo el período que se pidió investigar está incluida aquella fugaz gestión nacional, la mayoría del lapso corresponde al tiempo en que Sartor percibió haberes del Estado rionegrino por funciones políticas. Además, corresponde evaluar si cumplió adecuadamente con su obligación de informar verazmente en su declaración jurada actual y en las inmediatamente anteriores, por cargos ejercidos en la Provincia.

Pero no asombra, en cambio, que -políticamente- el juez haya elegido quitar de su escritorio el expediente que tiene como principal involucrado al principal operador de los últimos cuatro períodos de gobierno -los dos de Pablo Verani y los dos de Miguel Saiz-.

Es lógico suponer que el magistrado habrá evaluado si la conducción del Poder Judicial considera la corrupción, el peculado, el abuso de poder o el tráfico de influencias entre los tipos penales a perseguir. Habrá evaluado qué reconocimiento han obtenido los funcionarios y magistrados que intentaron aplicar la ley a los poderosos. Y para eso habrán sopesado no sólo las palabras sino sobre todo las conductas de los jueces del Superior Tribunal de Justicia.

Si bien cuesta justificar que alguien eluda ejercer la magistratura que ocupa, no resulta difícil comprender su dilema.

Un juez no hace la Justicia. No basta.

Un sueldo generoso o una jubilación magna tampoco la construyen.

Para que la Justicia exista -si la imaginamos como el clima en que los honestos confíen y los deshonestos teman- se requieren organización, trabajo y coraje.

Aunque los despachos sean cerrados, la sociedad observa.