Durante cinco años los combustibles baratos financiaron el crecimiento económico más sostenido de los últimos cien años. Las provincias productoras de hidrocarburos contribuyeron solidariamente pero se beneficiaron como el resto del país de la recomposición del mercado interno y el fortalecimiento fiscal.

A pesar de todo, cada vez que se tocaba el tema el argumento que invariablemente sostenían los sectores opositores era que resultaba absurdo subsidiar el consumo del gas a aquellos que podían pagarlo. El ejemplo más frecuente que se daba era el de aquellos que "calientan el agua de la pileta con el gas regalado". En el 2008 el gobierno nacional aumentó la tarifa de gas para la franja de los consumos más altos y este año bastó que irrumpiera el invierno y el aumento se hiciera sentir para que se desatara una ola de críticas.

Ocurre que, más allá de las críticas malintencionadas y a pesar de las previsiones oficiales, en una cantidad de casos el aumento lo terminaron pagando consumos más bajos que los previstos, por ejemplo, porque algunas subdivisiones precarias hacen que dos, tres o más viviendas cuenten con un solo medidor.

A riesgo de dar la razón a sus críticos, o tal vez para demostrar a otros sectores, como "el campo", que no son los únicos que aportaron para beneficio de todos, incluidos ellos mismos, la presidenta Cristina Fernández admitió el martes que las provincias (productoras de hidrocarburos) dejaron de percibir por su gas natural 22.000 millones de pesos y por su petróleo más de 9.000 millones en casi seis años. "Es preciso ver la fotografía completa -precisó-, los sectores económicos deben observar en qué contribuye cada uno para que el modelo funcione".

La mandataria nacional hablaba ante los gobernadores de las provincias productoras que adhirieron al acuerdo para mejorar el precio que reciben las productoras por el gas, que permitió evitar una ola de despidos y una grave crisis social.

Ocurre que la contrapartida del crecimiento al costo de mantener durante años ´pisado´ el precio de los hidrocarburos ha sido el desaliento a las inversiones empresarias en materia de exploración y el consiguiente achicamiento del horizonte de las reservas. Algo que se combinó con la baja del precio internacional del petróleo y del gas y la fuerte crisis económica internacional, para frenar drásticamente la actividad del sector.

Ahora, con el incentivo de aportar unos 600 millones de dólares a la explotación del gas y otros 400 a la de petróleo, las provincias podrán esquivar mínimamente la crisis y la actividad, se espera, observar una reactivación. No por nada, Sapag salió a festejar el acuerdo junto con los petroleros.

Sin embargo, sin mencionar a aquellos que plantean nacionalizar petróleo y gas sin explicar con qué fuerza política lo harían, las críticas desde la oposición no cesaron. El diputado nacional electo por la UCR Horacio "Pechi" Quiroga, quien se afirma como cabeza de un radicalismo reunificado, salió a advertir que si bien el acuerdo es beneficioso para Neuquén, está lejos de solucionar el problema de fondo: el precio del gas en boca de pozo. Y dejó entrever que la verdadera solución pasa por eliminar las retenciones y equiparar los precios internos con los internacionales. Lo que desbarataría de un saque el actual esquema económico.

El diputado peronista Ariel Kogan, a su turno, recordó que el precio del gas en boca de pozo y la tarifa domiciliaria son al final de cuentas dos aspectos del mismo problema y, a riesgo de distanciarse de su propio gobierno, puso el dedo en la llaga al afirmar que Sapag festejaba el aumento de las facturas de gas.

Ocurre que parte del aumento que percibirán las productoras proviene del Fondo Fiduciario creado con el aumento de las tarifas a los sectores de más alto consumo, aproximadamente el 18% de los consumidores de todo el país.

En realidad, el decreto por el cual se creó dicho fondo es previo al último acuerdo sobre el gas en boca de pozo, pero no deja de ser cierto que el dinero provendrá de ese lugar.

No obstante, consciente de que el impacto de la tarifa en los sectores de consumo medio y bajo tendría fuertes consecuencias sociales entre los sectores de medios y bajos ingresos, el gobierno nacional los puso a resguardo del aumento.

Si Kogan parece desafinar un tanto respecto del gobierno nacional, algo no demasiado diferente ocurre con los diputados del MPN, que esta semana se desgarraron las vestiduras por el alza del gas domiciliario sin reparar demasiado en el acuerdo que selló su jefe, el gobernador.

Como para equilibrar un poco las cargas, la vicegobernadora Ana Pechen salió a explicar que "queremos ir recomponiendo el precio del gas y del petróleo, pero permitiendo que el resto de los argentinos también viva dignamente".

Esta semana el gobierno de Jorge Sapag tuvo motivos para mostrarse más optimista: cuatro grupos de empresas presentaron ofertas con hasta el 66% del financiamiento necesario para la construcción de la presa Chihuido I.

"Somos como andinistas atados a una misma cuerda", fue la imagen que deslizó un estrecho colaborador del gobernador para referirse a la alianza con el gobierno nacional, puesta a prueba por los efectos combinados de la hecatombe económica internacional y la crisis política, agravada por la última derrota electoral.

Con todo, el renovado optimismo oficial se justifica si se tiene en cuenta que se está hablando de inyectar en la provincia entre 1.300 y 1.500 millones de dólares, lo que tendría un efecto económico multiplicador, ya que entre otras cosas permitiría crear unos 3.000 puestos de trabajo durante 4 años.

En el gobierno sapagista ya están resueltos los cambios en el gabinete destinados a paliar los déficits de gestión. No se sabe aún quien será el ministro coordinador pero sí que Coco no será movido de Recursos Naturales. En todo caso, no se dará a conocer ningún cambio hasta después de las elecciones del próximo 23.

Precisamente, según dos encuestas que circulan de boca en boca todavía hay alrededor de un 30% de indecisos y el candidato del MPN, "Chito" Jalil, lleva la delantera. Para uno de los sondeos, segundo está Mansilla y tercero Darío Martínez. Para el otro, el orden es a la inversa. Huelga decir que el gobierno provincial agita los datos del primer trabajo y el municipal los del segundo. Unos y otros coinciden en que la lista de Juntos por la Ciudad crece y la de Mansilla se estanca. En el MPN aseguran que sacarán "cuatro o cinco concejales", todo depende de que entre o no la candidata de Libres del Sur, Mercedes Lamarca.

En el gobierno explican que el "Diálogo Social" convocado esta semana por Sapag es una apuesta a crear "conciencia y masa crítica sobre las consecuencias de la crisis". Mañana desfilarán las iglesias y la semana próxima los gremios y los empresarios. Más tarde, los intendentes, los partidos políticos y hasta las universidades (la UNC y las privadas).

En el gobierno admiten que la cuenta sueldo se les fue de las manos (más de 3.000 millones sobre un presupuesto real de 4.500 sin los fondos de petroleros). Pero niegan que lo del aguinaldo desdoblado haya sido un ardid para cambiar el signo del debate: del pedido de aumento al pedido de que paguen. "Lo debiéramos haber hecho, pero cuando recibimos el gobierno quebrado de manos de Sobisch", advierten.