VIEDMA (AV)- El juez penal de Viedma Carlos Reussi se declaró incompetente para entender en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del legislador radical Daniel Sartor.

Entre otras razones, el magistrado fundamentó su posición en que la investigación contempla un período en el que Sartor se desempeñó como secretario de Estado y ministro de Desarrollo Social de la Nación. Por eso entendió que debe intervenir la Justicia Federal.

Esta resolución no está firme aún, teniendo en cuenta que el fiscal de la causa, Ricardo Falca puede consentir o apelar esta posición. De optar por esta última alternativa deberá, entonces, expedirse la Cámara en lo Criminal de Viedma. También puede suceder que la Justicia Federal, en el caso que el fiscal coincida con la posición del juez, rechace la competencia. Y en este caso debería expedirse la Corte Suprema de la Nación para definir a quién le corresponde investigar.

Lo cierto es que esta situación generará que una causa grave como ésta pase un determinado tiempo entre vaivenes judiciales y retrase el avance de la investigación.

Es facultad del juez declararse incompetente por sí o luego de que alguien se lo pida. El Código establece tres razones para la declaración de incompetencia: que las personas investigadas pertenezcan a un Estado distinto al que se desempeña el magistrado; que el lugar donde se ha cometido el hecho sea de jurisdicción federal o que la materia a investigar sea también de ese fuero como el caso de comercialización de estupefacientes o trata de personas, por ejemplo.

No obstante la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el fiscal es el custodio de la jurisdicción en una investigación, razón por la cual no se descarta que Falca apele la resolución de incompetencia de Reussi, situación sobre la que aún el fiscal no se ha expedido. En el caso de que lo haga, la Cámara Penal definirá si el juez debe o no investigar esta causa.

Daniel Sartor se desempeñó como viceministro de Desarrollo Social de la Nación entre agosto y octubre de 2001, fecha en que asumió la conducción de esa cartera nacional hasta la caída del gobierno de De La Rúa, completando unos cuatro meses en total como funcionario nacional.

El inicio del proceso

En junio de este año el fiscal Falca promovió acción penal contra el legislador Daniel Sartor, por el presunto enriquecimiento ilícito, en el marco de la ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública.

Esta causa se inició luego de que la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, radicara una denuncia penal contra el ex presidente de la bancada de legisladores del oficialismo rionegrino.

Además Piccinini denunció este supuesto enriquecimiento patrimonial desproporcionado en la Legislatura, que en diciembre pasado derivó el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Pablo Berraz quien aún no se ha expedido sobre el tema.

A mediados de abril la Defensora trasladó al ámbito judicial la denuncia que había presentado ante la Legislatura y que recayó en Berraz. A principios de mayo amplió su denuncia incorporando los vuelos al exterior que desde el 2000 hasta este año realizó el legislador y su grupo familiar.

En su denuncia penal Piccinini consideró que los bienes patrimoniales comprobados de Sartor y familia rondarían los 6,7 millones de pesos.