Un inusual recurso administrativo busca restituir el honor del antropólogo Rodolfo Magín Casamiquela, por la vía de cuestionar el accionar de la subsecretaria de Derechos Humanos de Río Negro, Gladis Cofré, quien impugnó ante el Congreso de la Nación el proyecto de declarar "Mayor Notable" al distinguido profesional patagónico.

El recurso fue presentado por Noemí Villaverde y Errain Casamiquela, viuda e hija del científico, ante el ministro de Gobierno rionegrino. Objetan que la subsecretaria Cofré no permitió al antropólogo ejercer su derecho de defensa de la grave acusación que un grupo de docentes realizó en su contra.

"Víctima de una campaña de menosprecio y de imputaciones sin prueba, dado su estado de salud -que finalizó con su deceso el 4 de diciembre de 2008- Rodolfo Casamiquela no actuó en defensa de su honorabilidad y su idoneidad científica", por lo cual, invocando "el derecho al buen nombre de nuestro esposo y padre, del que somos custodios", presentaron el recurso.

La nota firmada por los docentes -utilizada por Cofré para pedir que no se honrara a Casamiquela por considerarlo incurso en "inhabilidad moral"- lo acusaba de ser corresponsable de dos decretos durante el gobierno de facto en 1977, que desplazaron a varios de sus compañeros del ya inexistente Centro de Investigaciones Científicas de Río Negro -CIC- quienes, como resultado de ello, habrían sido perseguidos y habrían sufrido prisión o exilio.

Villaverde y Casamiquela estimaron que el científico fue víctima de una conducta injuriosa, que veladamente le imputó conducta criminal -"se dice que ´pudo haber sido funcional y ser cómplice´. En síntesis, un delator"-, además de que se puso en duda su saber científico.

Fundan su acción en que Casamiquela "en ejercicio de empleos en la Administración Provincial acreditó capacidad, diligencia y una trayectoria de honorabilidad administrativa, pues en largo tiempo y bajo distintos gobiernos de varios colores políticos, jamás se puso en duda el manejo de dineros que administró. Y respecto a supuestas actitudes miserables, jamás nadie puede acusarlo de abuso de función para satisfacer bajos instintos o apartar intelectos que pudieran eclipsar sus conocimientos".

Quien presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto para que el Doctor en Ciencias Rodolfo Casamiquela fuera declarado Mayor Notable fue el diputado nacional por Río Negro Juan Carlos Scalesi. La iniciativa tramitó en la Comisión de Cultura, presidida por el diputado Jorge Edmundo Coscia, actual secretario de Cultura de Cristina Kirchner. En esa comisión se presentó una nota avalada por varias personas, cuestionando el proyecto. Entre los firmantes se encontraba Graciela Suárez, docente e investigadora del CURZA quien, según las accionantes en el recurso, sin firma y sin fijar domicilio al igual que quienes adhirieron a su planteo.

Suárez y el resto acusaban en esa nota a Casamiquela de haber sido corresponsable de la elaboración de los decretos 074/1977 y 075/1977 y que, por ello y dado el contexto de gobierno de facto, peligraba la integridad física de las personas cesanteadas. Señalaron que, como consecuencia de esa cesantía, se afectó directa o indirectamente la salud de dos de ellos, lo que la viuda y la hija del científico consideraron como "riesgosísima acusación".

Además, cuestionaron el saber científico de Casamiquela, aludiendo que su praxis es actualmente cuestionada por los avances recientes de la antropología. También negaron esto Villaverde y Casamiquela: "?la producción intelectual de Casamiquela en el campo de la etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística (lenguas de las etnias tehuelche y mapuche) es innegable".

Señalaron que en su vida, "él mismo rectificó muchas de sus conclusiones y avanzó a través del tiempo" no sólo por su investigación teórica basada en la etnohistoria sino también por su trabajo de campo por la Patagonia (argentina y chilena) "que abarcó casi toda su vida". "Así, refutó otras teorías científicas y fue igualmente refutado", dijeron.

La viuda y la hija de Casamiquela destacaron que en 2006, un jurado otorgó al científico el premio Konex de Humanidades -Diploma al Mérito en Antropología Cultural y Arqueología-.

Derecho a defensa

Villaverde y Casamiquela basaron también el recurso administrativo en los derechos a defensa y a réplica que consagra la Constitución provincial y en la obligación de acusar para vindicarse de todo agente público a quien se imputa haber cometido un delito en desempeño de sus funciones.

Objetan también el informalismo de la subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Cofré, puesto que sobre el tema nunca constituyó un expediente. Asimismo, señalan que la funcionaria incurrió en prejuzgamiento.

La viuda y la hija de Casamiquela piden al ministro de Gobierno que recabe los expedientes referidos a los decretos 074/1977 y 075/1977 de febrero de 1977; que acredite si las personas firmantes que invocaron ser cesanteadas fueron detenidas por autoridad militar, debieron abandonar el país o si ejercieron desde 1977 servicios o empleos en las administraciones nacional o provincial y en el campo académico" hasta 1983. Argumentan que las supuestas vícitmas nunca efectuaron ningún reclamo contra Casamiquela, que la "inhabilitación moral" no existe en nuestro Derecho. Piden que se requiera documentación a la Comisión de Prescindidos creada en 1984 para constatar si en ella se presentaron reclamos contra Casamiquela por los decretos, y que se pidan los legajos de los incluidos en los decretos para ver si fueron empleados en Río Negro entre 1976 y 1983 y de varios firmantes como Suárez, Ana Balda, Miguel Capone, Carlos Oyola, Pablo Pascual y Héctor Rey.