En diciembre de 2008, la subsecretaria Cofré remitió una nota a Scalesi señalando que esa subsecretaría había recibido contra la postulación de Casamiquela la nota de Suárez y otra de 1979 de la licenciada Gloria Arrigoni, ratificada ahora, y que por ello había enviado a Coscia un escrito contrario a la propuesta. Consignó que Arrigoni relataba haberse visto compelida a renunciar como investigadora del CIC porque Casamiquela "la habría presionado y amenazado para que lo hiciera".

Cofré añade que "se pudo constatar" el dictado de los decretos 74/77 -por el cual se dio de baja por razones de servicio a nueve agentes, en su mayoría profesionales, entre quienes estaba Arrigoni- y el 75/77, que dio por finalizadas las jornalizaciones de cuatro agentes del CIC.

Señaló su postura de repudio a "postulaciones honoríficas de personas que con sus acciones, directa o indirectamente, hayan actuado contra nuestra sociedad y nuestra democracia". Y que para distinguir a alguien "debería no sólo evaluarse la trayectoria profesional sino también quién es, quién ha sido y cuál era su posicionamiento político en el Proceso histórico que culminara con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976".

La nota de Graciela Suárez remitida por Cofré alude a que desde la designación de Casamiquela al frente del CIC "se inició una persecución que afectó a gran parte del personal" y que "se sostenía en acusaciones sobre actuaciones y actitudes políticas/sociales de ese personal durante los años previos al golpe militar. Se imagina usted el riesgo que significó para la vida de estas personas las informaciones suministradas por este señor Casamiquela a sus superiores militares en momentos en que la represión estaba actuando con mayor ferocidad".

Cita entre los cesanteados a Manlio Gioscio -de quien dice que posteriormente se vio afectado por una depresión que años después lo llevó al suicidio-, a Miguel Hangel González y a Elda de Chevez.

Esa nota tiene al pie otro breve texto de adhesión en el que se agrega la imputación a Casamiquela por "sus campañas xenófobas actuales contra las comunidades mapuches y mapuches-tehuelches de Argentina y Chile". Esto parece aludir a que Casamiquela, en base a evidencia científica, discrepó con el calificativo de "pueblo originario mapuche" argumentando que esa etnia es originaria de Chile y que invadió al pueblo tehuelche y a otros que habitaban en las provincias de Neuquén y Río Negro entre los siglos XVIII y principios del XIX, poco antes de las expediciones militares.

Entre los adherentes se encuentran los ya citados Arrigoni, Balda, Capone y Rey y, más abajo, 44 firmantes, en su mayoría ajenos al contexto histórico-geográfico en que sucedieron los hechos.