TEL AVIV.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que su gobierno pospondrá tres meses la expulsión de trabajadores extranjeros en situación irregular y de sus hijos, originalmente prevista para la próxima semana.
Con esto, el político reaccionó a la polémica suscitada por el anuncio de la medida y señaló que el plazo de prórroga sería utilizado por el gobierno para formular su postura al respecto.
Así todo, el comunicado, emitido tras el encuentro entre Netanyahu con el ministro de Finanzas Yuval Steinitz y el ministro del Interior Eli Yishai, destaca que el gobierno llevará adelante sus intentos por deportar a los trabajadores extranjeros ilegales y que ayudará a quienes decidan abandonar el país por su propia voluntad.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que los niños que han nacido y crecido en Israel de padres extranjeros no sean expulsados. Los medios israelíes informan ampliamente sobre casos de numerosos niños que sólo hablan hebreo y no la lengua de los países de origen de sus padres.
La expulsión de los trabajadores en situación irregular y de los 1.200 menores había sido planeada para la semana próxima. En horas previas del día el presidente israelí, Shimon Peres, solicitó a Yishai que no siguiera adelante con los planes de expulsar a los menores.
Israel, como pueblo que ha sufrido mucho en la diáspora, tiene una obligación especial de mostrarse tolerante frente a los extranjeros. "Estos niños son nacidos en Israel. Son una parte del país. Israel los ha educado", dijo Peres. "Hablan hebreo, aman Israel, quieren ir cumplir el servicio militar. Por Dios ¿por qué deberíamos expulsarlos?", añadió.
Peres pidió en una carta al ministro del Interior una "solución justa" del problema, informó la radio israelí. En Israel viven, según las estimaciones unos 300.000 inmigrantes en situación irregular.
