VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia propuso a la Defensora del Pueblo que explore en los Ministerios Públicos la situación de las causas de corrupción en las que están sospechados funcionarios públicos. La respuesta judicial al pedido de audiencia formulado por Ana Piccinini está cargada de mensajes, ya que le sugirieron que recurra al organismo que conduce su hermana, la procuradora Liliana Piccinini. Además, el STJ consideró "un derecho" de magistrados y funcionarios cobrar como jubilación el 82% móvil.
En respuesta al pedido de audiencia formulado anteayer por la defensora del Pueblo, el STJ -a través de la secretaria de Superintendencia, Stella Latorre- fue desgranando los temas propuestos desligándose de la posibilidad de hablar de ellos. Sugirió a Piccinini que acuda a la Procuración, a la oficina de Atención al Ciudadano, a la página web del Poder Judicial y al Consejo de la Magistratura. Sólo finalmente, le propuso un encuentro para el "abordaje puntual de las cuestiones que así procedan".
La reacción de la defensora Piccinini no se hizo esperar. Planteó que el STJ se niega a escucharla y cuestionó que "la respuesta es suscripta por una funcionaria de segundo nivel".
En la contestación, la secretaría Stella Latorre transmitió en nombre del STJ que éste "garantiza el acceso a la justicia, la normal prestación del servicio con observancia del rito y los plazos a efectos de arribar a la oportuna resolución de los conflictos que se judicializan", que "gozan de plena independencia en el ejercicio de sus funciones".
Expresó que "la representación y el ejercicio del interés público" por las cuestiones descriptas "corresponden al Ministerio Público, con autonomía funcional". Recomienda buscar información en las oficinas de Atención al Ciudadano, según la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y las Reglas de Brasilia. Aconseja a la Defensoría "prima facie explore y agote el ámbito del Ministerio Público para la consecución de la información" que solicita. Plantea que igualmente puede requerirse al STJ precisiones "en relación a las causas que puntualmente se identifiquen" si "las respuestas dadas por el MP fueren insuficientes o insatisfactorias".
Asegura sobre el juez Pedro Funes -que está con licencia "por largo tratamiento" y una nueva Junta Médica antes del 8 de agosto- señalando que es una "cuestión disciplinaria" que se "tramita en el Consejo de la Magistratura.
El STJ resaltó que no se inmiscuye ni se involucra "en las cuestiones jurisdiccionales hasta que lleguen por la vía recursiva o motivos de superintendencia asi lo justifiquen, salvo que sean de su competencia originaria".
En relación al 82% el STJ expresó que la ley previsional nacional 24.018 "comporta un derecho para magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial" y es función del STJ "cumplir y hacer cumplir las leyes".
