Corresponde preguntarse, en el marco social en el que nos desarrollamos, cuál es el sentido de aplicar un castigo frente a una acción contraria a lo que la ley manda, y nos incumbe hacerlo como ciudadanos pues este tema merece ser tenido en cuenta y discutido sin ambages y sin eufemismos, frente a la ola de inseguridad que nos azota y a la infinidad de magistrados que tienden, por razones varias, a liberar, con liviandad supina, a los delincuentes más abyectos.

A toda pena pueden reconocérsele tres fines: castigar al culpable de un hecho, proteger a la sociedad por su valor disuasorio y ejemplificador y, finalmente, el más naif de todos, la enmienda, la reeducación y resocialización del criminal.

Evidentemente, el segundo de los aspectos considerados -la protección de la sociedad, basado en el valor preventivo de la pena- no es una premisa cierta toda vez que la criminalidad crece día a día y los delincuentes actúan con mayor saña y menor reparo en el eventual castigo por su accionar. Entonces, la incierta posibilidad de una pena -concepto muy alejado de la certeza del castigo- sólo puede surtir efecto disuasorio en quienes, por su misma naturaleza pacífica, gregaria y responsable, no precisan justamente de la amenaza del sistema penal para cumplir sus obligaciones sociales.

En cuanto al fin resocializador de la pena -entendido éste como las acciones educativas llevadas a cabo sobre un individuo durante la privación de la libertad del mismo- constituye una falacia per se; sabido es que las cárceles, a pesar de lo normado por la Constitución nacional, no son ni sanas ni limpias y que su fin está muy lejos de reeducar y, por ende, resocializar al criminal, básicamente por dos motivos: primero, porque el personal que allí se desempeña no es, en líneas generales, educado en el más puro sentido de la palabra sino, y apenas, instruido; segundo, pues educar significa llevar adelante un difícil y continuo proceso, inacabable por definición, que implica años de sacrificio y esfuerzo que no todos están dispuestos a proseguir. Por otro lado, la alta tasa de reincidencia criminal avala nuestras palabras sin necesidad de mayor esfuerzo probatorio; el reingreso permanente de los mismos sujetos al sistema penal habla por sí mismo.

De ser cierto que se cumple el fin formativo una vez encarcelado el sujeto, este fenómeno de insistencia delictiva no debiera ocurrir toda vez que la función de la educación, si este proceso se ha completado, consiste, entre otros varios fines, en permitir al individuo elegir, frente a distintas posibilidades, la alternativa socialmente útil antes que la que hace a su inmediata y primaria satisfacción personal.

Ergo, el sentido del castigo no es ni el de disuadir ni el de reinsertar al criminal en la sociedad normativa, aquella respetuosa de la ley; por ende, la finalidad de la pena es, precisamente y sin sutilezas, la de castigar, sin ulterioridad filosófica alguna, y la de proteger a la sociedad de la reincidencia de ese delincuente mientras el mismo esté encerrado, segregado tras los barrotes y muros de la cárcel.

Entonces, cabe preguntarse a su vez si es lícito el castigo en sí mismo, sin finalidad superior que legitime su existencia.

La sociedad, considerada en conjunto, se divide en dos subgrupos claramente diferenciados: aquel que respeta la norma y aquel que la viola. El segundo, independientemente de los distintos tipos de ilícitos que se puedan considerar, está compuesto en gran medida por sujetos que atacando de manera sanguinaria, inhumana e irreflexiva, arrebata bienes y vidas de los ciudadanos honestos, inermes ante su accionar predatorio. Vecinos decentes que, además, no gozan siquiera de la protección de magistrados que, por parecer progresistas, por mostrarse respetuosos hasta el absurdo de garantías constitucionales, malinterpretándolas, liberan, cada vez con mayor facilidad, a los pocos criminales que llegan a juzgar.

Del universo de delitos cometidos a diario, sólo el cincuenta por ciento o menos es denunciado; de éstos, apenas un diez por ciento, aclarado y finalmente, de estos pocos resueltos policialmente y elevados a juicio, únicamente un uno a dos por ciento alcanza condena firme. Así, se concluye que no solamente se han perdido los fines más elevados atribuidos al castigo sino, además, el fin más simple de la pena: la retribución por el daño causado.

Siendo así la cuestión, resultando pocos delitos esclarecidos y muchos menos aún castigados por imperio de leyes anacrónicas, de abogados que defienden aun lo indefendible y de jueces horrorizados de cumplir su función de aplicar sanciones, el camino queda expedito para que protervos delincuentes medren a sus anchas.

El sentido de sancionar los actos delictivos debe ser, sin más vueltas, retribuir el mal causado encarcelando al sujeto que lo ha ocasionado; encierro durante el cual, no seamos ingenuos, el individuo no será reeducado ni resocializado pero durante el que no podrá seguir infligiendo un daño muchas veces irreparable. Y esto es, sin mayores vueltas, lo que convierte al castigo en legítimo medio de defensa de la sociedad normativa frente a la sociedad delictiva.

Para ello, para aplicar el merecido castigo a quien transgrede la norma, sólo hacen falta leyes claras y concretas, sanciones firmemente aplicadas a quien las viole y magistrados con voluntad de cumplir su rol sin temor, aunque esto implique la destrucción del universo artificial en que ellos se movilizan, discurriendo en un mundo ajeno al del resto de los ciudadanos y citándose unos a otros cual modernos oráculos.

ALEJANDRO A. BEVAQUA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Médico. Especialista en Medicina Legal