TEGUCIGALPA (Mariano Saravia, especial para "Río Negro").- Luego de la decisión del gobierno de los Estados Unidos del martes pasado de anular las visas diplomáticas y políticas a cuatro altos funcionarios del gobierno golpista de Honduras, ayer la administración de Barack Obama avanzó aún más y anunció que congelará e investigará las cuentas bancarias pertenecientes a funcionarios del régimen de facto.
En este país, la elite vive en una estrecha relación con los Estados Unidos, desde lo personal hasta lo comercial. Por lo tanto, estas acciones pueden tener su efecto de presión para aislar aun más al gobierno golpista y asfixiarlo económicamente.
A esto se le suma la decisión de Nike y Adidas de cerrar sus maquilas (fábricas textiles) en el país.
Por otro lado, está en el Congreso unicameral el estudio de una amnistía para el presidente constitucional Manuel Zelaya (en el marco de la propuesta del mediador, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias), acusado de delitos políticos, sobre todo de haber violado la Constitución al llamar a una consulta para una eventual reforma constitucional.
Este diario habló ayer con Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión Especial para la Amnistía, quien dijo escuetamente: "Estamos analizando varios tipos de amnistías, totales, parciales, limitadas, pero queremos escuchar a todas las partes, principalmente a los personeros de la Corte Suprema de Justicia, por lo que recién mañana (por hoy) presentaremos un informe".
Este es un dato clave, porque una eventual amnistía allanaría el camino de regreso de Zelaya a Honduras. Y el presidente constitucional libre por las calles de Honduras congregaría seguramente a miles de personas de la resistencia y se constituiría en una presión política insoportable para el régimen de Roberto Micheletti.
Ayer el Congreso hondureño demoraba su respuesta al plan de Arias para superar la crisis creada por el derrocamiento de Zelaya y diplomáticos extranjeros dudaban de que fuera aprobado, asegurando que el régimen de facto sólo busca "ganar tiempo".
Mientras Zelaya estaba en Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras para presionar por su retorno al país, su esposa Xiomara Castro permanecía a 10 kilómetros del límite, en El Paraíso, donde un grupo cívico afín al gobierno de facto de Roberto Micheletti le pidió que se fuera de la zona para evitar más confrontaciones.
Un diplomático extranjero en Tegucigalpa dijo a la AFP que Micheletti nunca aceptará el plan de Arias, pero evitará rechazarlo abiertamente pues busca "ganar tiempo" para que llegue la fecha de las elecciones y asuma un nuevo gobierno.
La comunidad internacional ha advertido que no reconocerá los comicios si son realizados bajo el gobierno de facto.
De acuerdo a este diplomático, que pidió mantener el anonimato, Micheletti está "pateando la pelota" hacia adelante para ganar tiempo, mientras intenta consolidar su régimen, que no es reconocido por ningún país.
"Los golpistas en Honduras deben percibir el mal que están haciéndole a la democracia en Centroamérica", dijo el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, mientras en Costa Rica, una cumbre de mandatarios del istmo, México y Colombia, condenó el golpe y exigió la restitución de Zelaya.
