El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro negó a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de expresarse ante el máximo tribunal provincial sobre hechos de corrupción  y el 82% móvil para jueces y funcionarios judiciales.

La información fue difundida hoy en un comunicado emitido por el área de prensa de la Defensoría en el que se señala que en el día de hoy Ana Piccinini recibió una nota, “suscripta por una funcionaria de segundo nivel”, en la que se rechazaba su pedido de reunión.

En la jornada de ayer Piccinini había pedido una audiencia "al pleno al Superior Tribunal de Justicia" para reclamarle por las demoras en las causas de corrupción con funcionarios involucrados y, también, por la aplicación del régimen jubilatorio del 82 por ciento para magistrados y funcionarios de ese Poder.

El convenio con Anses que garantizará ese beneficio previsional fue elevado por el gobernador Miguel Saiz para el tratamiento de la Legislatura en julio del año pasado. Pero, la iniciativa todavía no tuvo tratamiento y, últimamente, Saiz pidió a sus legisladores que avancen en su análisis y ratificación. Ya el año pasado, la defensora reclamó que ese trato previsional favorezca a la totalidad de los empleados. Esa posición también sostienen los bloques opositores y la mayoría de las conducciones gremiales.

En el pedido de audiencia al STJ, Piccinini había incorporado el análisis del beneficio pretendido por la Justicia aunque bien sabe que el tratamiento corresponde a la Legislatura. Esta inclusión deduce un evidente mensaje indirecto de parte de la defensora, relacionándolo en el temario de la audiencia con el otro tema propuesto: las causas judiciales por corrupción donde están sospechados funcionarios provinciales. Ambos "temas -dice el texto- son de sumo interés y preocupación" de esta Defensora.

En relación al rechazo a su pedido Piccinini afirmó “no me están diciendo que no a mi, sino que le están negando al pueblo de la Provincia de Río Negro a quien represento, a ser escuchado. Se preguntó asimismo: “dónde queda para estos Jueces el paradigma de una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, dónde el derecho de los ciudadanos a  una justicia transparente, a una justicia comprensible, a una justicia atenta,  a una justicia responsable, si quienes tienen a cargo la generación y administración de las políticas públicas en esta materia, le dicen a la Defensora del Pueblo, palabras mas, palabras menos, de eso no se habla.”

Con respecto del 82% móvil para Jueces y funcionarios judiciales, la Defensora Piccinini reiteró  que: “es un derecho constitucional que abarca y que debe ser ejercido por todos los rionegrinos del sector público y privado.”  “El Estado garante de la Constitución y la cabeza del Poder Judicial como último interprete de la misma, debe facilitar el ejercicio pleno de este derecho a todos los trabajadores de la Provincia”.

Recordó por otra parte  que ante el rechazo del Amparo Colectivo por el 82% móvil para todos, presentado en el transcurso del año pasado y rechazado en menos de 48 horas por el Superior Tribunal de Justicia, la Defensora del Pueblo está evaluando efectuar la misma presentación ante la Justicia Federal.