NEUQUÉN (AN).- El gobierno de Jorge Sapag aspira a expropiar las tierras de Senillosa por menos de 1.000.000 de pesos, mientras que el propietario busca multiplicar esa cifra en al menos cuatro o cinco veces, lo que podría derivar en una demanda contra Estado provincial. Ese fue el debate de fondo que se vislumbró en la comisión de Asuntos Constitucionales que ayer firmó el despacho favorable para el proyecto oficial y que habilitó el debate para aprobar hoy la declaración de utilidad pública de 336 hectáreas en la localidad.

La discusión inauguró el segundo semestre legislativo. Por momentos intenso, el debate sacó a la luz más de un trapo sucio, la mayoría vinculados con el manejo de tierras en Senillosa en las anteriores gestiones y desde la municipalidad, en un proceso que se inició en 2001 y en el que la comuna llegó a entregar tenencias a ocupantes sobre tierras privadas. La autorización para que el Ejecutivo inicie la expropiación salió por ocho votos contra cinco, aunque la única negativa intransigente fue la de Horacio Rachid, de Opción Federal, que reivindicó el derecho del propietario y se negó a acompañar, incluso en disidencia con sus dos compañeros de interbloque. Los otros cuatro diputados que votaron en contra, Ariel Kogan, Marcelo Inaudi, Eduardo Benítez y Rodolfo Canini pidieron revisar en la comisión algunos puntos del proyecto, argumentando falta de claridad en el texto. Finalmente se resolvió que esos cambios se realizarán el jueves, en el tratamiento en particular.

El proyecto de expropiación no llegó a la Legislatura sin negociaciones previas con el propietario de las tierras, Carpostas S.A. Ayer, el abogado Luis Arellano, en representación del titular de la empresa, Adrián Cartagenova, presentó un escrito para advertir a los diputados que se abstuvieran de votar la expropiación, reservándose el derecho de accionar contra la provincia. Nada se informó de esa nota en la comisión.

Arellano confirmó haber tenido entrevistas con la vicegobernadora Ana Pechen, el ministro Jorge Tobares; y el diputado José Russo; todas con el único fin de acordar un precio. Lo mismo ocurrió en la anterior gestión, con distintos funcionarios.

"La última gestión fue con Tobares. Allí el gobierno nos dijo que la hectárea valía 2.500 pesos", dijo Arellano. El propietario tiene aspiraciones más altas, que el abogado estimó entre "10.000 y 13.000 pesos", aunque los diputados que trabajaron el proyecto hicieron público un pedido mayor, cercano a los 15.000 dólares.