VIEDMA (AV).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini pidió una audiencia "al pleno al Superior Tribunal de Justicia" para reclamarle por las demoras en las causas de corrupción con funcionarios involucrados y, también, por la aplicación del régimen jubilatorio del 82 por ciento para magistrados y funcionarios de ese Poder.

El convenio con Anses que garantizará ese beneficio previsional fue elevado por el gobernador Miguel Saiz para el tratamiento de la Legislatura en julio del año pasado. Pero, la iniciativa todavía no tuvo tratamiento y, últimamente, Saiz pidió a sus legisladores que avancen en su análisis y ratificación. Ya el año pasado, la defensora reclamó que ese trato previsional favorezca a la totalidad de los empleados. Esa posición también sostienen los bloques opositores y la mayoría de las conducciones gremiales.

En el pedido de audiencia al STJ, Piccinini incorpora el análisis del beneficio pretendido por la Justicia aunque bien sabe que el tratamiento corresponde a la Legislatura. Esta inclusión deduce un evidente mensaje indirecto de parte de la defensora, relacionándolo en el temario de la audiencia con el otro tema propuesto: las causas judiciales por corrupción donde están sospechados funcionarios provinciales. Ambos "temas -dice el texto- son de sumo interés y preocupación" de esta Defensora.

La nota al STJ -que está dirigida al presidente, Luis Lutz- consigna que el primer punto "es el relacionado con las causas iniciadas" por este organismo de control por "presuntos hechos de corrupción donde estarían involucrados funcionarios públicos, y que se encuentran en trámite en distintos Juzgados de Instrucción Penal". Mencionó el "caso Flavors", el presunto enriquecimiento ilícito del legislador oficialista Daniel Sartor, la causa de los pasajes oficiales y las transmisiones fraudulentas de lotes en Bariloche a través de boletos apócrifos. También Piccinini propone abordar "la forma en que se está dando tratamiento y desarrollando el pedido de juicio político que realicé al juez Pedro Funes, por presunto mal desempeño en sus funciones".

El segundo punto es "el relacionado con el 82 por ciento móvil para jueces y funcionarios judiciales, alentado por ese máximo Tribunal y hoy con estado parlamentario en la Legislatura".

Ayer, las bancadas oficialista y opositoras mantenían contactos informales con sectores interesados en el convenio previsional, destinados a establecer las prioridades y los plazos frente a ese proyecto legislativo.

Además, la defensora remitió notas a los colegios de Abogados de las cuatro circunscripciones judiciales. En estos casos, la funcionaria propuso distintas reuniones para analizar la situación de las "denuncias de los supuestos hechos de corrupción".

El "tema y sus resultados -expresan esas notas- están estrechamente vinculados con el servicio de Justicia" y Piccinini destaca su preocupación por "el retardo en la designación de funcionarios judiciales, invocándose para justificarlo distintas razones".

También, la titular del órgano de control destaca su interés para abordar con cada Colegio de Abogados sobre el "funcionamiento del Consejo de la Magistratura", considerando la "presencia institucional" de esas organizaciones de profesionales y "la calidad de jueces que los abogados colegiados invisten".