Representantes del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro (EPRE) concurrirán hoy a la comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura para hacer sus aportes en la evaluación del decreto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que establece cargos adicionales en las facturas de los hogares con demandas altas.

La delegación encabezada por el vicepresidente del EPRE, Guillermo Grosvald, concurre a la evaluación de este delicado asunto no porque se trate de su materia específica sino por su vasta experiencia en evaluación tarifaria a lo largo los 13 años de existencia.

No surgirán definiciones puntuales, porque el caso ya está en la justicia Federal, pero sí habrá "tendencias de análisis y de trabajo" en mérito del profuso material que el ente dejará en la comisión. De esta reunión participarán también miembros de la conducción de la Asociación de Defensa del Consumidor de Viedma, Adecovi.

El vicegobernador Bautista Mendioroz continúa esperando la respuesta al pedido de audiencia que planteó hace ya unos 10 días al presidente del Enargas, Antonio Pronsato. El ente nacional fue el organismo que avaló y reglamentó el decreto del Ejecutivo nacional que incrementa las tarifas gasíferas de aproximadamente el 10% de la población.

En la Legislatura los legisladores del interbloque ARI-Redes Magdalena Odarda y Fabián Gatti propusieron suspender los cortes de suministro domiciliario de gas natural a los usuarios a los que se les aplicara el aumento "hasta tanto adquiera fuerza de sentencia firme la resolución de la justicia en el amparo colectivo". El beneficio alcanzará únicamente los servicios de gas que se suministran en vivienda única familiar.

Será autoridad de aplicación la dirección de Comercio Interior del Ministerio de Economía, que resolverá en los casos en que el prestador negare el beneficio de esta ley a los usuarios, pudiendo imponer una multa a la empresa prestataria de 200 a 2.000 pesos diarios, hasta que se resuelva la situación. Argumentan en la iniciativa que "en los últimos años, la energía pasó de ser una preocupación de Estado, un bien social, a una mercancía en el lenguaje neoliberal, y esto condicionó, por ejemplo, la fiscalización y control del Estado hacia las empresas hidrocarburíferas".